El 6 de mayo de 2025, Francisco Trujillo Paredes denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Luisa González, Rafael Correa y Francisco Estarellas por supuesta violencia política. En un proceso asignado a la jueza Ivonne Coloma para su trámite en Ecuador.
La denuncia, presentada por correo electrónico, acusa a la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González; al exmandatario Rafael Correa; y al procurador de la alianza Revolución Ciudadana-Reto, Francisco Estarellas, de presunta violencia política. Francisco Trujillo Paredes, el denunciante, no especificó en el escrito los actos concretos que motivan la acusación, según consta en el expediente del TCE.
Tiene un plazo de 48 horas
La magistrada ordenó a Trujillo presentar, en un plazo de 48 horas, el original de la denuncia, ya que el documento virtual carecía de firmas electrónicas válidas. Además, le requirió detallar con precisión los hechos atribuidos a los denunciados y aclarar si actuará por su cuenta o con un abogado patrocinador. Estos requisitos son esenciales para continuar con el trámite, conforme al artículo 245.2 del Código de la Democracia de Ecuador.
El contexto de la denuncia se enmarca en las tensiones postelectorales tras la segunda vuelta presidencial del 13 de abril de 2025. En la que Daniel Noboa obtuvo la reelección con el 55,63% de los votos, frente al 44,37% de González, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los denunciados han cuestionado los resultados, alegando irregularidades. González y Correa han denunciado un supuesto “megafraude” electoral, mientras Estarellas presentó recursos ante el CNE y el TCE, incluyendo una objeción con 1.021 actas el 26 de abril de 2025. Esta fue desestimada por el CNE. Estas acciones han generado controversia, aunque observadores internacionales, como la OEA y la Unión Europea, avalaron la transparencia del proceso.
Detalles de la denuncia por violencia política
La denuncia por violencia política se suma a un historial de acusaciones contra González. En abril de 2025, Manuel Peñafiel, adherente del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) de Noboa, la denunció por presunta violencia política de género. Allí la acusó de calificar como narcotraficante a María Beatriz Moreno, directora de ADN, durante el debate presidencial del 23 de marzo. El TCE archivó esa causa el 8 de abril por falta de documentación válida, sin analizar el fondo del asunto.
El concepto de violencia política, regulado en el Código de la Democracia, incluye actos que restrinjan los derechos políticos de una persona, como agresiones verbales o difamaciones en contextos electorales. Sin embargo, el expediente actual no detalla los hechos específicos atribuidos a los denunciados, lo que podría complicar su tramitación si Trujillo no cumple con los requisitos solicitados por la jueza Coloma.
El TCE, como máxima instancia electoral, tiene hasta el 20 de mayo de 2025 para resolver recursos relacionados con las elecciones, según el calendario electoral. Si la denuncia no avanza por incumplimiento de requisitos, podría archivarse, como ocurrió con casos previos contra González. Mientras tanto, el CNE se prepara para proclamar oficialmente los resultados, certificando a Noboa como presidente electo para el período 2025-2029.
