La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó de manera unánime la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudación al Estado en la causa Vialidad, imponiéndole seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos. Su equipo jurídico, liderado por Gregorio Dalbón, denunció una persecución política y anunció que recurrirá a organismos internacionales para revertir el fallo. La sentencia, calificada por la defensa como una “venganza del poder”, reaviva el debate sobre la independencia judicial en el país.

El fallo, que pone fin a un proceso iniciado en 2016, sostiene que Fernández encabezó una asociación ilícita para desviar fondos públicos a través de contratos de obra vial. Sin embargo, la defensa asegura que el proceso estuvo viciado y carece de pruebas concretas, acusando al tribunal de actuar bajo presiones políticas para proscribir a la exmandataria.

Un fallo cuestionado por la defensa

Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, emitió un comunicado público en el que calificó la decisión de la Corte como “una de las más graves y vergonzosas” desde el retorno de la democracia en 1983. Según el letrado, la condena no se basa en evidencia directa ni demuestra dolo o participación personal de la expresidenta. “No hay delito, no hay prueba, no hay justicia”, afirmó, señalando que el fallo busca disciplinar a los líderes populares.

La defensa argumenta que la sentencia viola el principio de legalidad y las garantías del debido proceso. Además, cuestionó la independencia del tribunal de primera instancia y el rol de la Corte Suprema, a la que acusó de avalar un proceso con motivaciones políticas. Este pronunciamiento ha generado reacciones encontradas en la opinión pública, con sectores que respaldan a Fernández y otros que celebran el fallo como un paso contra la impunidad.

Apelaciones de la condena ante organismos internacionales

En respuesta al fallo, el equipo jurídico anunció que presentará recursos ante instancias internacionales, incluyendo la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional. Según los abogados, la condena vulnera el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza un juicio justo, y el principio de presunción de inocencia.

“Cuando el Poder Judicial sirve al poder en lugar de proteger a los inocentes, la democracia está en riesgo”, afirmó Dalbón. La defensa adelantó que agotarán todas las vías legales disponibles. Estas apelaciones buscan no solo revertir la condena, sino también exponer lo que la defensa considera un uso político de la justicia en Argentina.

Respaldo popular y polarización

El comunicado de la defensa incluyó un mensaje de apoyo a Fernández, destacando su respaldo popular. “Cristina no está sola. La historia ya la absolvió y el pueblo la abrazó”, señaló Dalbón, en un llamado a la resistencia. La exmandataria, una figura central del peronismo, mantiene una base de seguidores leales, aunque también enfrenta un fuerte rechazo de sectores opositores.

El caso Vialidad ha intensificado la polarización en Argentina, con manifestaciones tanto a favor como en contra de Fernández. Analistas coinciden en que el fallo podría tener implicaciones en el escenario político, especialmente de cara a futuros procesos electorales. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención los próximos pasos de la defensa y el impacto del caso en la región.