El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional (CC) la tarde del 13 de agosto una de las preguntas de su referendo y consulta popular, la cual propone reducir el número de asambleístas de 151 a 71, según lo anunció el secretario jurídico de la Presidencia.
La propuesta busca una reducción drástica del número de legisladores nacionales y provinciales, argumentando una reducción de gastos para el país. Esta medida forma parte de un paquete de preguntas que el mandatario ha impulsado, entre las que también se incluyen temas de seguridad y financiación política.
Propuesta de reducción legislativa
El Ejecutivo busca modificar el artículo 118 de la Constitución. La propuesta es que la Asamblea Nacional, sin perder su unicameralidad, cambie su conformación de la siguiente manera:
- Diez asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
- Un asambleísta elegido por cada provincia, y uno más por cada 400.000 habitantes.
Además, se mantiene la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos, y la circunscripción del exterior, cuya cantidad será definida por la ley. De aprobarse esta propuesta, el número de legisladores se reduciría a menos de la mitad, quedando en un total de 71 asambleístas.
Justificación económica y antecedentes
En su argumentación ante la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa justifica la reducción de asambleístas citando los costos que representa su funcionamiento. Un asambleísta percibe una remuneración de 4.759. Al año, el gasto en salarios para los 151 legisladores asciende a 8’623.308, sin incluir otros beneficios, bonificaciones, viáticos o gastos de personal de apoyo.
El Gobierno asegura que la reducción del número de asambleístas aliviaría el presupuesto estatal. Este no es el primer intento de reducir el número de legisladores en el país; el expresidente Guillermo Lasso ya planteó una pregunta similar en su consulta popular, pero esta no fue aprobada por los votantes.
Defensa legal de la pregunta
El mandatario afirma que esta pregunta se enmarca en una enmienda constitucional, por lo que debe tramitarse como referendo. Noboa defiende que la propuesta no altera los principios fundamentales de la Constitución. Argumenta que la reforma constitucional no modifica la supremacía de la Constitución, ni el carácter democrático del Estado ni el sistema representativo.
Además, asegura que no representa una regresión de derechos, por lo cual considera que la Corte Constitucional debe dar vía libre a la pregunta para que los ciudadanos decidan.
