El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en su sesión del 4 de junio de 2025 en Quito, aprobó dos resoluciones cruciales que abren la puerta a posibles reformas al reglamento del concurso de selección del nuevo Fiscal General del Estado, en respuesta a observaciones de gremios de abogados y la inclusión de nuevas veedurías ciudadanas, con el objetivo de optimizar el proceso que acumula meses de retraso.
Consejo de Participación: proceso de selección
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha puesto en análisis posibles reformas al reglamento que rige el proceso de selección del Fiscal General del Estado. Este concurso ha enfrentado varios meses de retraso. Durante su sesión del 4 de junio de 2025 en Quito, el Pleno del organismo aprobó dos resoluciones clave. La primera resolución busca evaluar las observaciones presentadas por diversos gremios de abogados respecto al concurso para designar al Fiscal. La segunda resolución considera la inclusión de nuevas veedurías ciudadanas en el proceso de vigilancia.
Las solicitudes de modificación provienen de organizaciones como la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y el Colegio de Abogados de Pichincha. Estas instituciones, que representan a más de 100.000 profesionales del derecho en Ecuador, piden un reglamento más sólido y transparente. También solicitan una veeduría independiente. Esta veeduría estaría conformada por miembros de la academia y del gremio legal. Su objetivo sería fiscalizar de manera técnica e imparcial el desarrollo del concurso.
Viabilidad de las reformas y plazos
El Pleno del CPCCS dispuso a su Coordinación General de Asesoría Jurídica la elaboración de un informe de viabilidad jurídica. Este informe, de carácter prioritario, determinará si es procedente reformar el reglamento. Si el informe resulta favorable, se convocarán mesas de trabajo. Estas mesas abordarán los posibles cambios. El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, reconoció que el reglamento aprobado por el Pleno es perfectible. Aseguró que cualquier reforma seguirá el procedimiento correspondiente.
El consejero Gonzalo Albán lamentó que las observaciones hayan llegado tarde. Sin embargo, celebró la participación de los gremios. Recomendó que el informe jurídico se entregue en un plazo de 48 horas. Señaló que un pedido anterior similar no recibió respuesta en ese tiempo. Además, se aprobó una segunda resolución. Esta solicita a la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y a la Subcoordinación Nacional de Control Social un informe. Este informe evaluará la posibilidad de permitir la participación de nuevas veedurías ciudadanas.
Presión ciudadana y próximos pasos
La presión para transparentar y acelerar la elección del nuevo Fiscal General del Estado ha crecido. Colectivos ciudadanos, como la Comisión Cívica, presentada el 3 de junio, han advertido sobre las demoras en el concurso. Este concurso designará al sucesor o sucesora de Diana Salazar. Su gestión terminó en abril de 2025. El proceso ha sido objeto de cuestionamientos.
Por ahora, se deberá esperar el informe jurídico. Este informe determinará los siguientes pasos. Si se considera viable la reforma al reglamento, el Consejo deberá convocar de inmediato a las mesas técnicas para modificarlo. Mientras tanto, los gremios de abogados esperan ser recibidos por el Pleno. Su objetivo es sustentar sus observaciones de manera directa. El CPCCS actúa con diligencia ante las peticiones de los gremios.
