La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional expresó una profunda preocupación tras conocer el primer informe del proyecto de Ley de Integridad Pública. Este proyecto introduce reformas a normas de contratación pública y servidores estatales, pero también plantea modificaciones sobre la responsabilidad penal de menores infractores.
La Comisión considera inadmisible que, en una normativa centrada en la contratación pública, se incluyan cambios que alteren la responsabilidad penal de adolescentes infractores. Además, enfatiza que no se realizó un estudio integral con criterios jurídicos, sociales, psicológicos y técnicos antes de proponer tales reformas.
Debate legislativo y contexto de la Ley de Integridad Pública
La Ley de Integridad Pública fue presentada por el Ejecutivo bajo la figura de ley económica urgente. Según el presidente Daniel Noboa, la propuesta busca mejorar la transparencia y eficiencia en el sector público, pero introduce una disposición polémica: que los adolescentes infractores sean juzgados como adultos en delitos cuya pena supere los diez años de prisión. Esta medida impactaría directamente en la responsabilidad penal de menores infractores, generando un intenso debate legislativo.
El oficialismo argumenta que la reforma pretende frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado. Sin embargo, bancadas como la Revolución Ciudadana advierten sobre riesgos de inconstitucionalidad. Sostienen que la propuesta carece de unidad temática y podría vulnerar derechos fundamentales de la niñez y adolescencia.
Reacciones y pronunciamiento oficial
En su comunicado, la Comisión subraya: “Es inaceptable que desde una propuesta de ley sobre contratación pública y servidores públicos se pretenda modificar la responsabilidad de los adolescentes infractores”. El organismo insiste en que cualquier propuesta legislativa que afecte los derechos de niñas, niños y adolescentes se debe debatir en la Comisión Especializada. Así lo señala el artículo 21, numeral 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La Comisión reitera su compromiso con la defensa del interés superior del niño y alerta a la sociedad civil, así como a entidades nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, sobre el riesgo de retroceder en garantías ya consolidadas para la niñez y adolescencia del país. “Alertamos a la ciudadanía y a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre el riesgo que implica retroceder en garantías ya consolidadas para la niñez y adolescencia del país”, enfatiza el comunicado.
Marco legal y antecedentes en la protección de menores
En Ecuador, la responsabilidad penal de menores infractores está regulada por el Código de la Niñez y Adolescencia, que establece un régimen diferenciado para adolescentes. La ley vigente determina que los adolescentes mayores de 14 años que cometen infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) están sujetos a medidas socioeducativas, mientras que los menores de 14 años son inimputables y solo reciben medidas de protección.
El debate sobre la responsabilidad penal de menores infractores se da en un contexto de creciente preocupación por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos delincuenciales. El presidente Noboa declaró prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento de menores, creando un Comité interinstitucional para coordinar políticas públicas en esta materia.
Estrategias y acciones para la protección de la niñez
Durante la sesión inaugural del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, liderado por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, se aprobaron resoluciones clave. Entre ellas, la adopción de una estrategia nacional contra el reclutamiento forzado y la presentación de un plan de acción.
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes insiste en que cualquier cambio en la responsabilidad penal de menores infractores debe analizarse con enfoque especializado y participación de expertos. También, señala que la protección de derechos de la niñez y adolescencia es un compromiso asumido por el Estado ecuatoriano.
Llamado a la sociedad y próximos pasos legislativos
El debate sobre la responsabilidad penal de menores infractores continuará en la Asamblea Nacional. La Comisión pide que la sociedad civil y organismos internacionales se mantengan vigilantes ante posibles retrocesos en derechos infantiles. El proyecto de Ley de Integridad Pública se someterá a un segundo debate en próximos días. Sin embargo, persisten las diferencias entre las distintas bancadas legislativas.
La responsabilidad penal de menores infractores se mantiene como un tema central en la agenda pública, en un momento en que el país busca fortalecer la protección de la niñez frente a nuevas amenazas. La Comisión reitera que solo un análisis integral y especializado permitirá garantizar el interés superior del niño y evitar retrocesos en materia de derechos humanos.
