El Pleno de la Asamblea Nacional decidió el 11 de junio de 2025, por unanimidad, que el Proyecto de ley Orgánica de Personas con Discapacidad regrese a la Comisión de Garantías Constitucionales. La medida busca armonizar el articulado con el dictamen de la Corte Constitucional, emitido el 14 de febrero de 2025. Este dictamen acogió parcialmente la objeción del presidente Daniel Noboa por inconstitucionalidad en cuatro artículos.
El legislador Jaime Estrada presentó la moción, amparado en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Corte señaló que los artículos 60, 92, 104 y 105 vulneran la Constitución. Estos regulan permisos laborales, importación de vehículos adaptados, afiliación voluntaria al seguro social y pensiones por discapacidad.
La decisión responde a la necesidad de garantizar un marco legal que respete los derechos de las personas con discapacidad. En Ecuador, este grupo enfrenta barreras en acceso a empleo, salud y movilidad. El respeto a sus derechos fortalece la inclusión social.
Ajustes clave del Proyecto de ley
El artículo 60 garantiza permisos para tratamientos y rehabilitación, esenciales para la calidad de vida. El artículo 92 facilita la importación de vehículos adaptados, promoviendo autonomía. Los artículos 104 y 105 aseguran seguridad social y pensiones, derechos fundamentales.
En Ecuador, las personas con discapacidad tienen derecho a igualdad, no discriminación, accesibilidad y participación plena, según la Constitución. Estos principios orientan la reforma del proyecto de ley. La Comisión trabajará para alinear el texto con estas garantías.
Proyecto de ley
El 5 de junio, la Asamblea archivó un informe reformatorio de la Ley de Discapacidades por no reflejar las necesidades del sector. La sesión, convocada por el presidente Niels Olsen, abrió paso al tratamiento del proyecto actual. Este había sido postergado por gobiernos anteriores.
La inclusión de personas con discapacidad es una prioridad nacional. En 2023, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades reportó que el 4,7% de la población vive con discapacidad. Sus derechos incluyen educación inclusiva y empleo digno.
Próximos pasos de la Asamblea Nacional
La Comisión de Garantías Constitucionales revisará los artículos objetados para garantizar su constitucionalidad. El proceso busca un texto que promueva la equidad. La sociedad civil espera una ley que responda a sus demandas.
El retorno del proyecto refleja el compromiso de la Asamblea con la justicia social. La armonización del articulado fortalecerá los derechos de un sector históricamente vulnerado. Ecuador avanza hacia una sociedad más inclusiva.
