El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029 introduce un cambio en la política pública de seguridad. A partir de este documento, los municipios de Ecuador dejarán de cumplir únicamente funciones relacionadas con obras públicas y servicios básicos. Además, participarán como organismos ejecutores dentro de la estrategia nacional para enfrentar el crimen organizado.
La propuesta establece que el combate contra la delincuencia ya no dependerá exclusivamente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. En adelante, los gobiernos locales asumirán responsabilidades enfocadas en la prevención, la planificación territorial y el fortalecimiento de servicios que contribuyan a reducir los factores asociados con la violencia.
Municipios de Ecuador deberán elaborar planes de seguridad
Uno de los principales cambios contempla que cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) diseñe un plan de acción compatible con el Plan Nacional de Seguridad Integral. Cada municipio tendrá que establecer objetivos, indicadores y mecanismos de evaluación para medir el cumplimiento de las metas planteadas dentro de su territorio.
Asimismo, los municipios de Ecuador deberán monitorear de manera permanente los resultados alcanzados y reportar el avance de las acciones ejecutadas dentro de sus competencias. El objetivo consiste en adaptar la estrategia nacional a las características de cada cantón, especialmente en aquellos donde operan organizaciones criminales o registran mayores niveles de violencia.
El documento también señala que las administraciones locales asumirán un rol más activo en la reducción de los factores que favorecen la delincuencia. Para ello impulsarán acciones alineadas con la política nacional y fortalecerán la coordinación institucional.
Prevención social tendrá mayor participación de los municipios de Ecuador
El plan incorpora el concepto de seguridad multidimensional, que relaciona la inseguridad con factores sociales, económicos y territoriales. Bajo este enfoque, los municipios de Ecuador fortalecerán la prestación de servicios básicos como agua potable, saneamiento y gestión comunitaria.
Además, coordinarán acciones con los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Económica y Social para ejecutar programas dirigidos a disminuir la vulnerabilidad de la población en distintos sectores del país.
Otra de las responsabilidades contempla fortalecer la seguridad dentro y fuera de las instituciones educativas. La estrategia busca reducir la deserción escolar y disminuir el riesgo de reclutamiento de niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.
En las comunidades rurales, amazónicas e indígenas, los gobiernos locales participarán en programas orientados a ampliar el acceso a servicios esenciales y reducir las brechas sociales que el documento identifica como factores relacionados con la expansión del crimen organizado.
Policías municipales apoyarán la seguridad ciudadana
El Plan Nacional de Seguridad Integral también reconoce a las policías municipales como entidades de apoyo para fortalecer la seguridad ciudadana. Su participación estará enfocada en el control del espacio público, la gestión del riesgo y la coordinación institucional con otras entidades del Estado.
Sin embargo, el documento precisa que estas funciones corresponden a un apoyo dentro de la estrategia nacional y no sustituyen las competencias de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas.
Nuevo rol genera debate jurídico
La incorporación de los gobiernos locales como organismos ejecutores abrió un debate en el ámbito jurídico respecto al alcance de estas nuevas responsabilidades y su aplicación dentro del marco constitucional vigente.
El documento reconoce la participación de los municipios en la prevención y en la coordinación territorial de la seguridad. No obstante, especialistas analizan los límites legales de estas atribuciones y el alcance que podrán tener las policías municipales en la ejecución de las políticas contempladas por el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029.
