Liberación de Jorge Glas hace que el gobierno y el SNAI tomen acciones legales y constitucionales



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El Gobierno Nacional y el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) reaccionaron este martes 29 de noviembre del 2022 a la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, sobre quien pesan dos condenas en su contra por casos de corrupción.

Tras la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, el gobierno enfatizó que “buscará que prime la justicia y la racionalidad”, acatando todos los mecanismos idóneos y enmarcados en la ley.

https://www.eldiario.ec/actualidad/ecuador/jorge-glas-exvicepresidente-de-correa-vuelve-a-salir-de-la-carcel/

El Ministerio de Gobierno, mediante un comunicado, puntualizó que el (SNAI) recibió la boleta de excarcelación de Jorge Glas, que fue remitida por el juez de Garantías Penales, Emerson Curipallo, de Santo Domingo de los Tsáchilas.

“No podemos dejar de mencionar que el actual ordenamiento jurídico, que estamos en la obligación de respetar y acatar, es aquel que nos fuera heredado de los últimos 15 años, y que ha sido objeto de abusos y discrecionalidades, mereciendo el rechazo de la ciudadanía”, señaló el escrito suscrito por  Francisco Jiménez, ministro de Gobierno.

Pese a que sobre el exvicepresidente Jorge Glas pesan dos sentencias por corrupción dejó la cárcel 4 la noche de este lunes 28 de noviembre, ubicada en el norte de Quito.

https://www.eldiario.ec/actualidad/ecuador/anulan-sentencia-de-ocho-anos-en-contra-de-jorge-glas-por-el-delito-de-peculado/

De su lado, el SNAI expresó que “acatará la resolución del juez” Emerson Curipallo, pero que puede presentar un pedido de “revocatoria” del fallo pues “no existe amenaza ni vulneración que atente los derechos” de Jorge Glas, según publicó Vistazo.

La resolución dictada a favor de Jorge Glas señala que el exvicepresidente debe presentarse semanalmente ante una autoridad judicial y le prohíbe salir del país.

Sentencia por el caso Singue.

El Caso Singue se centra en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato para la extracción de petróleo en el campo Singue, durante el Gobierno de Rafael Correa.
Según la Fiscalía, los 15 procesados cometieron peculado. El perjuicio se habría producido al fijar un precio de 33,5 dólares  por barril producido, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero.