El Estado ecuatoriano ofreció disculpas públicas a más de 300 víctimas de prácticas análogas a la esclavitud en las haciendas de la empresa Furukawa. Esto tras un fallo de la Corte Constitucional emitido en diciembre de 2024. La sentencia determinó que la compañía mantuvo durante más de cinco años a trabajadores en condiciones de servidumbre en plantaciones de abacá, en la provincia de Esmeraldas.

Sin embargo, las compensaciones ordenadas por 41 millones de dólares y las disculpas de la empresa aún no se han cumplido. La Corte Constitucional ordenó a Furukawa, subsidiaria de la japonesa FPC Marketing, indemnizar con 120 mil dólares a cada una de las 342 víctimas, además de emitir disculpas públicas. La empresa, que opera en Ecuador desde 1963, alegó no contar con recursos para pagar la suma y calificó la sentencia como “desproporcionada”.

Furukawa no ha cumplido con lo dictaminado

En la Plaza de la Independencia, en Quito, extrabajadores protestaron exigiendo el cumplimiento del fallo. “Reparación, reparación”, coreaban, mientras otros sostenían carteles con la leyenda “Esclavitud moderna nunca más”. Marlene Valencia, de 52 años y trabajadora durante 15 años en la producción de abacá, afirmó a la AFP: “Queremos que se cumpla la sentencia porque no se está cumpliendo”.

El fallo también señaló que el Estado, a través de varios ministerios, ignoró las denuncias sobre las condiciones laborales en las haciendas de Furukawa. La fibra de abacá, utilizada en industrias textil y automotriz, es un cultivo clave en la región, pero los trabajadores enfrentaron explotación sistemática. La Corte dispuso que el Estado ofreciera disculpas, medida cumplida parcialmente este sábado en un acto público en Quito.

Extrabajadores viven en una de las haciendas

Los extrabajadores, respaldados por sus abogados, denunciaron que Furukawa no ha acatado ninguna de las disposiciones judiciales. Alexandra Zapata, defensora de las víctimas, destacó que el Estado ha avanzado solo parcialmente en las medidas reparatorias. Además, la empresa afirmó que un grupo de extrabajadores ocupa ilegalmente más de 300 hectáreas de sus propiedades.

Los abogados de las víctimas sostienen que una decisión judicial les permite permanecer en esos predios para preservar los campamentos como evidencia de las violaciones laborales. El caso Furukawa ha generado un amplio debate sobre los derechos laborales y la responsabilidad estatal en Ecuador. La servidumbre de la gleba, una práctica que obliga a los trabajadores a permanecer en tierras bajo condiciones de explotación.

Desafío para el sistema judicial ecuatoriano

La sentencia de la Corte Constitucional marcó un precedente en la lucha contra la esclavitud moderna en el país. Sin embargo, la falta de cumplimiento ha intensificado las protestas. Las víctimas y sus representantes legales esperan que las autoridades refuercen las acciones para garantizar el cumplimiento del fallo. La situación de los extrabajadores de Furukawa sigue siendo un desafío para el sistema judicial ecuatoriano.

Por ahora, se busca equilibrar la justicia para las víctimas con las limitaciones económicas alegadas por la empresa. La comunidad internacional también sigue de cerca este caso, que pone en evidencia las vulneraciones laborales en sectores agrícolas clave.