El contralor general del Estado, Mauricio Torres, presentó ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional informes que evidencian serias irregularidades en los contratos firmados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con las compañías Austral Technical Management (ATM) y Progen.

Los contratos cuestionados buscaban la instalación de tres centrales térmicas en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, en respuesta a la crisis energética del 2024. Las auditorías revelaron un perjuicio al Estado por 123,5 millones de dólares, distribuidos entre ambas empresas.

El informe sobre el contrato con Progen en la Unidad de Negocio Termopichincha, que involucró proyectos en Salitral y Quevedo, indica un daño económico de 69,6 millones de dólares. Por su parte, el contrato con ATM, destinado a la Unidad de Negocios Electroguayas para La Propicia en Esmeraldas, generó un perjuicio de 53,9 millones de dólares.

Mauricio Torres señaló que los contratos se suscribieron sin respetar las garantías, ni la capacidad técnica, económica ni legal. Esto afectó gravemente la eficiencia y transparencia del proceso.

Celec: fiscalización y responsabilidades identificadas

El contralor detalló que en los informes figuran 43 personas con indicios de responsabilidad penal. Ya fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, marcando una clara acción legal sobre los hechos.

Resaltó que la responsabilidad recae principalmente en el gerente general de Celec y en los gerentes de las unidades de negocio, responsables de las contrataciones. Durante la vigencia de estos contratos, Fabián Calero ejercía como gerente general de Celec.

Además, se detectaron enormes irregularidades en los equipos adquiridos, que resultaron ser obsoletos, fabricados en 2016, con documentación falsificada y sin certificado de calidad.

El contralor mencionó que incluso se obtuvieron fotografías de las placas de los generadores instalados para sustentar estas evidencias. La situación generó críticas desde varios frentes, incluyendo a legisladores correístas que acusaron al bloque oficialista de bloquear la fiscalización a la ministra de Energía, Inés Manzano, a quien responsabilizan de estos contratos irregulares y otras autoridades.

Avanzan procesos de fiscalización y control

Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia, anunció que presentará un informe detallado al presidente de la Asamblea Nacional para continuar con el seguimiento y control político de estos casos. Ya se advirtió que no habrá impunidad en este proceso.

Además, el contralor comunicó que se ejecuta un examen especial en otra central termoeléctrica, la de Catamayo, perteneciente a la Empresa Regional Sur.