Caso Metástasis: Diana Salazar revela que Norero pagó por las liberaciones de Glas y Salcedo



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Diana Salazar, fiscal general del Estado, aseguró que Leandro Norero pagó para que dos personas salgan de la cárcel.

Se trató de una fuerte suma de dinero para que Jorge Glas y Daniel Salcedo salgan de prisión, aseguró Salazar.

La fiscal aseguró que Norero canceló 250 mil dólares para las liberaciones de Glas y Salcedo, ambos sentenciados por casos de corrupción.

Salazar señaló en una entrevista en Teleamazonas que Norero pretendía cobrar ese “favorcito” cuando Glas “se convierta en presidente”. Y precisó:

“Existe otra parte de los chats en los que (Norero) dice que necesitan que regresen los expresidentes porque están perdiendo dinero (…)”.

Glas estuvo preso desde 2017 hasta 2022, con un fugaz periodo de libertad de 40 días entre abril y mayo de 2022.

El correísmo pensó en el exvicepresidente para que sea su candidato en las elecciones de este año, pero Glas declinó ser candidato.

Salazar explicó que parte de la estrategia de las redes de delincuencia organizada es “tener el control político y el control de las autoridades” a través de favores “para luego cobrarlos”.

Con respecto a Glas, la fiscal detalló que él no tiene una orden de detención por el caso Metástasis.

Sin embargo, reconoció que la Fiscalía lo requiere para que rinda su versión y llevar a cabo “algunas diligencias”.

El exvicepresidente está desde el fin de semana en la Embajada de México en Quito.

La Cancillería de México confirmó que Glas se encuentra protegido en calidad de huésped y analizará su solicitud de asilo político si así lo manifiesta el exfuncionario.

Otro caso ante la justicia

Sobre Glas pesa otra investigación por el caso Reconstrucción de Manabí, un proceso donde se lo acusa de presunto peculado.

Jorge Glas ya ha sido sentenciado dos veces por casos de corrupción pero legalmente goza de libertad gracias a un fallo judicial.

En mayo de 2022, cuando Norero fue detenido por lavado de activos, el titular del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), era el general retirado de la Policía Nacional, Pablo Ramírez.

El exdirector del SNAI es uno de los 31 procesados oficialmente por el caso Metástasis.

Según la fiscal general, Ramírez ofreció beneficios a Norero como libre comunicación, permiso para hacer fiestas, entre otros aspectos “para hacer más llevadera su situación” en prisión.

De acuerdo a Salazar, Norero habría pagado a Ramírez por esas ventajas.

Daniel Salcedo Bonilla es uno de los 38 investigados por Metástasis, no obstante, está en el grupo de los siete prófugos.

Salcedo fue la cabeza visible de una trama de corrupción en hospitales públicos durante la pandemia del covid-19.

De hecho, fue sentenciado y estuvo preso.

Sin embargo, en diciembre de 2022 se benefició de un polémico fallo judicial de un magistrado de Paján, en Manabí, quien ordenó su inmediata liberación.

De acuerdo a Salazar, Salcedo también era un operador de Norero y mantenían conversaciones para adquirir armas.

Vínculos con otros personajes

La fiscal general del Estado ya había revelado que Norero seguía al excandidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado en Quito en 2023.

En esta entrevista, Salazar mencionó que fue Xavier Jordán quien le pidió seguir al político.

La fiscal indicó que Jordán le pidió este “favor” a Norero. Añadió que “Jordán se convirtió en un administrador de los bienes del narco”.

Jordán no está procesado en esta causa. Él fue investigado por Villavicencio cuando éste era asambleísta.
La fiscal aún no se atreve a señalar a un autor intelectual del crimen del político.

Metástasis, que surge tras el asesinato en prisión de Norero, expone cómo el dinero del narcotráfico infiltró en el sistema judicial, carcelario y policial del país.

En la cima de la estructura está Norero, quien fue capturado en mayo de 2022 y murió en octubre de ese mismo año.

Tras su fallecimiento, en su celda, fueron encontrados celulares en los que había conversaciones con jueces, funcionarios judiciales, guías penitenciarios y policías.

La FGE sustenta su caso en esas conversaciones que corresponden al período entre mayo y octubre de 2022. El caso se resume en cerca de 15 mil hojas.



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