La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional comenzó, este lunes 16 de junio, una indagación sobre presuntas irregularidades de operadores de justicia. Las decisiones judiciales que liberan a detenidos en flagrancia preocupan por su impacto en la seguridad pública. El proceso se enmarca en el conflicto interno que vive Ecuador.
Para avanzar en la investigación, la comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Ambos expusieron los obstáculos que enfrentan en la lucha contra el crimen organizado.
Reimberg señaló que, de 104 mil aprehendidos en 900 operativos, muchos reciben medidas sustitutivas o quedan libres. Esto, afirmó, debilita los esfuerzos del gobierno por garantizar seguridad.
Asamblea Nacional: Un sistema judicial bajo escrutinio
El ministro destacó que más de 800 policías custodian a delincuentes con arresto domiciliario. Además, denunció demoras de hasta un año en investigaciones contra jueces cuestionados. “Los jueces deben alinearse con los intereses del país”, enfatizó Reimberg.
Por su parte, Dávila explicó que la Policía cumple con su deber, pero enfrenta trabas burocráticas. Los extensos plazos y la carga documental complican la legalización de aprehensiones ante los jueces.
Cerca del 60 % de los 25 mil aprehendidos en flagrancia, según Dávila, recibe medidas sustitutivas. Muchos reinciden, con dos o más detenciones por delitos similares, lo que agrava la violencia en Ecuador.
Asamblea Nacional: En busca de soluciones
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, afirmó que la investigación continuará hasta garantizar una justicia efectiva. El organismo busca proteger los intereses de los 18 millones de ecuatorianos.
La Comisión de Fiscalización planea revisar los procedimientos para la calificación de flagrancia y las condiciones de medidas sustitutivas. El objetivo es reducir la impunidad y fortalecer la seguridad.
Asamblea Nacional: Compromiso con la justicia
Álvarez subrayó que los resultados de la indagación serán clave para reformar el sistema judicial. La Asamblea Nacional apuesta por una administración de justicia que priorice la seguridad ciudadana.
La investigación refleja la urgencia de abordar las fallas judiciales en Ecuador. La Comisión espera que sus acciones marquen un precedente en la lucha contra el crimen organizado.
