Este martes 10 de junio, la Asamblea Nacional se pronunciará sobre el contenido de la Ley Orgánica de Inteligencia. La misma consta de 58 artículos, cinco disposiciones generales, una transitoria, cuatro derogatorias y una disposición final. El presidente del organismo, Niels Olsen, convocó a los 151 legisladores para el segundo debate.
La Ley Orgánica de Inteligencia busca regular el Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas, que incluyen las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, análisis financiero y económico, Casa Militar Presidencial, inteligencia tributaria, aduanera y penitenciaria. El proyecto otorga el máximo poder al director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), designado por el presidente de la República. Este funcionario tendrá 20 atribuciones, entre ellas la designación y evaluación de agentes, además de la responsabilidad de integrar los siete subsistemas mencionados.
Ley Orgánica de Inteligencia: régimen especial y controversia
El director del CIES contará con un régimen especial para proteger a sus agentes, quienes recibirán una nueva identidad. Esta medida busca garantizar la seguridad y confidencialidad del personal involucrado en operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Además, el director estará sujeto a control político de la Asamblea y deberá rendir cuentas ante la Comisión de Seguridad cada tres meses. La administración de fondos permanentes para gastos especiales será auditada por la Contraloría, aunque las asignaciones específicas permanecerán clasificadas como reservadas.
El proyecto ha generado controversia y críticas por parte de sectores de oposición y organizaciones sociales, que advierten posibles riesgos para los derechos humanos, especialmente en lo relacionado con la privacidad y la libertad de expresión. Uno de los puntos más polémicos es el artículo 52, que faculta al director del CIES a solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones sin orden judicial, siempre que se justifique por razones de seguridad del Estado. Además, las operadoras de servicios de telecomunicaciones estarán obligadas a proporcionar información histórica y en tiempo real de las comunicaciones y conexiones de los abonados que requiera el sistema de inteligencia.
Observaciones legislativas
En el primer debate de la Ley Orgánica de Inteligencia, Gerardo Machado cuestionó que la norma permita interceptar y revisar correspondencias sin orden judicial. Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía presentaron observaciones a varios artículos, especialmente los que se refieren a las atribuciones del CIES para designar agentes y realizar interceptaciones.
El oficialismo sostiene que la Ley de Inteligencia es necesaria para fortalecer la seguridad nacional y enfrentar el crimen organizado que afecta al país. Por su parte, la oposición mantiene reservas sobre la constitucionalidad de algunos artículos y la posible afectación de derechos fundamentales.
