La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional inició el miércoles 11 de junio una sesión de fiscalización para evaluar el seguimiento a la reparación de la niñez y adolescencia afectada por los mecheros petroleros en las provincias de Sucumbíos y Orellana, debido a la falta de cumplimiento de una sentencia judicial que busca el cierre definitivo de estos.
Niñez y adolescencia: protección
La sesión de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes se centró en escuchar testimonios clave. El delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, informó sobre el seguimiento continuo al proceso de cierre de los mecheros. La entidad ha requerido información a las distintas carteras de Estado involucradas, incluyendo el Ministerio de Salud. Se solicitará a estas instituciones que detallen la atención particular a las afectaciones en niños, niñas y adolescentes.
El asambleísta Comps Córdova, impulsor de esta fiscalización, enfatizó la disposición judicial para el apagado gradual de los mecheros. Estos dispositivos han impactado a las provincias de Sucumbíos y Orellana por más de 58 años. La fiscalización busca garantizar la protección de la niñez y adolescencia afectada por la contaminación.
Incumplimiento de la sentencia judicial
Las proponentes de la acción de protección sobre mecheros, Kerly Herrera, Dannya Bravo y Liberth Jurado, participaron en comisión general. Ellas indicaron que la sentencia obtenida en 2023 no se ha cumplido. Señalaron que, aunque se menciona la atención educativa, una unidad educativa sigue operando cerca de los mecheros, lo cual afecta directamente a los estudiantes. Las jóvenes expresaron su preocupación por el riesgo de padecer cáncer debido a estos mecheros y exigieron su eliminación.
Entre los pedidos de la acción de protección se incluyó la creación de un hospital oncológico en la provincia de Sucumbíos. Este centro médico permitiría que los casos de cáncer sean atendidos en la Amazonía, evitando traslados a ciudades como Quito o Ibarra. La falta de cumplimiento afecta a la niñez y adolescencia que requiere atención especializada.
Responsabilidad estatal y contaminación
El abogado patrocinador de la causa, Pablo Fajardo, explicó que la acción legal se presentó contra el Estado ecuatoriano, no contra empresas petroleras específicas. Las empresas operan los mecheros y queman gas natural con consentimiento estatal, contaminando importantes zonas de la Amazonía. Fajardo lamentó que, en lugar de eliminar estos mecanismos según la sentencia, su número se ha incrementado. Esta situación afecta la salud de la niñez y adolescencia.
La fiscalización de la Comisión busca esclarecer el nivel de cumplimiento de la sentencia y las acciones del Estado. Se espera que los datos recabados permitan tomar decisiones para proteger a la población afectada. La niñez y adolescencia de Sucumbíos y Orellana sigue esperando una respuesta efectiva y el cumplimiento de sus derechos a un ambiente sano.
