Petroecuador, la empresa estatal de hidrocarburos de Ecuador, anunció la desvinculación de 936 empleados el 8 de agosto de 2025, como parte de un plan de reestructuración iniciado en junio. La medida, que busca optimizar recursos y ahorrar más de 31 millones de dólares anuales, ha desatado críticas de sindicatos que denuncian un impacto en áreas técnicas clave y un posible intento de privatización.

El Gobierno asegura que los despidos responden a un análisis técnico que identificó salarios “sobrevalorados”, con diferencias de hasta el 300% respecto a estándares de mercado. Según Petroecuador, los fondos ahorrados se reinvertirán en proyectos estratégicos y tecnológicos para fortalecer el sector energético. 

Sindicatos denuncian impacto operativo

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) emitieron un comunicado el 9 de agosto rechazando los despidos. “La declaración del Gobierno es un engaño para justificar la real intención de esta medida, que es poner en jaque la ya crítica situación operativa de la empresa y, con ello, la producción de crudo y derivados, así como su exportación”, afirmaron ambas organizaciones. Los sindicatos sostienen que el ahorro de 31 millones de dólares representa solo el 0,7% del presupuesto anual de Petroecuador, una cifra marginal frente al impacto operativo.

Entre los ejemplos citados por ANTEP y SINTEP, destacan la desvinculación de cuatro de cinco capitanes de amarre en terminales marítimos.  Además de la reducción a la mitad del equipo de ingeniería de perforación. Asimismo, señalan que los geólogos restantes enfrentan una carga de trabajo insostenible, gestionando múltiples campos productivos. Sustentan que esta acción, podría derivar en errores técnicos y menor eficiencia en la producción petrolera.

Reestructuración ejecutada por el gobierno

La reestructuración de Petroecuador se enmarca en un plan más amplio del Gobierno para modernizar el sector público y reducir el gasto. El hecho está alineado con compromisos ante organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). En junio y julio de 2025, la empresa ya había desvinculado a 70 y 250 trabajadores, respectivamente, acumulando más de 1.200 despidos este año. Hasta 2023, Petroecuador contaba con más de 9.000 empleados en su nómina.

Un informe de la consultora Arthur D. Little, contratada en 2022, había identificado un déficit de 1.200 trabajadores técnicos en la empresa, lo que contrasta con los recortes actuales. Los sindicatos argumentan que estas desvinculaciones agravan la falta de personal calificado, comprometiendo la soberanía energética del país. Petroecuador, por su parte, asegura que las funciones de los despedidos serán asumidas por otros empleados con perfiles equivalentes, garantizando la continuidad operativa.

Despidos de instituciones 

La implementación de los despidos, ha generado protestas. El 7 de agosto, una marcha en Quito expresó el rechazo a recortes en el sector público, incluyendo Petroecuador. Analistas advierten que, sin un plan claro de reemplazo de capacidades, la medida podría tener consecuencias a largo plazo, como la pérdida de conocimiento técnico y riesgos en la producción de crudo. 

ANTEP y SINTEP exigen el cese de los despidos y la reincorporación de los trabajadores, además de un fortalecimiento de Petroecuador.