Un total de 25 servidores judiciales ecuatorianos han sido destituidos de sus puestos. Dos de estos casos se dieron en Manabí.
El Consejo de la Judicatura (CJ( informó que estos ciudadanos se vieron relacionados en los casos Metástasis, Purga y Plaga.
En todos estos casos la Fiscalía investiga diferentes actos de corrupción en los que se vieron involucrados servidores judiciales.
En el caso Metástasis y Purga, se han destituido a ocho funcionarios cada uno; mientras que el caso Plaga ya suman nueve.
La mayoría de ellos son jueces, que alcanzan los 17. También hay cuatro secretarios de unidades judiciales y de cortes provinciales.
A esta lista se suman también tres fiscales; y un presidente de Corte Provincial, según un comunicado divulgado por el CJ.
En Manabí han sido dos servidores judiciales. Le sigue Santo Domingo con siete y Guayas con trece.
También se encuentran El Oro con dos casos y Cotopaxi con uno.
“Esto ocurre como parte de las acciones de cero tolerancia a la corrupción en la Función Judicial”, señaló el CJ en un comunicado.
En el caso Metástasis se investiga el delito de delincuencia organizada relacionada a una red de corrupción.
Servidores judiciales separados en seis provincias
Esta red favorecía con fallos judiciales al fallecido narcotraficante Leandro Norero, sus familiares y amigos.
Hay 30 personas llamadas a juicio, entre ellos el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán; el exlegislador coreísta Ronny Aleaga; el empresario Xavier J.; y el exbogado de Norero, Christian R.
En el caso Plaga también se indaga el delito de delincuencia organizada relacionada con el pago de favores judiciales.
Según la Fiscalía, todo aquello se realizaba a cambio de favores de personajes políticos y servidores de la Función Judicial.
En este proceso está involucrado el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo.
Varios jueces, principalmente de la provincia del Guayas, también se encuentran relacionados con este caso.
Finalmente en el caso Purga se investiga toda una estructura de delincuencia organizada, que involucra a policías, jueces, funcionarios y abogados.
Así mismo, esta red favorecía a criminales y políticos.
Hay 31 personas investigadas. De los 25 servidores judiciales destituidos, no todos se encuentran tras las rejas.
Algunos de ellos se encuentran a la espera de las respectivas audiencias de llamamiento a juicio o con arresto domiciliario.
