Si algunos de los cambios que propone el Gobierno en la consulta popular figuran en el marco legal ecuatoriano o si se trata de reformas que pueden tramitarse por la vía legislativa, es necesario depurar su contenido, las preguntas.
Sería una pérdida de tiempo y de recursos pedirle a la ciudadanía respuestas sobre temas que ya están previstos en las leyes.
Una consulta popular demanda gastos en la logística y en los procesos antes, durante y después de los comicios, hasta la proclamación de resultados de las preguntas.
Hay que hacer promoción, imprimir papeletas, elaborar papelería exclusiva para cada pregunta, por citar algunos de los pasos que demanda, y en todo eso hay gastos.
«En el país hacen falta precisiones y cambios sustanciales frente a la inseguridad”.
Es indiscutible que en el país hacen falta precisiones y cambios sustanciales para determinar acciones frente a la inseguridad que, hoy por hoy, constituye la principal preocupación de los ecuatorianos.
El pronunciamiento de la ciudadanía puede servir como un recurso democrático para sustentar las decisiones oficiales. Sin embargo, su aplicación tiene que ser excepcional.
Es de esperar que el Gobierno haga una revisión de las preguntas y determine la pertinencia de cada una en la consulta.
Editorial de El Diario publicado este lunes 8 de enero del 2024 en nuestra edición impresa.
