La Corte Constitucional (CC) de Ecuador admitió a trámite dos de las cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, aprobada el 10 de julio por la Asamblea Nacional con 80 votos a favor. Las acciones, impulsadas por ciudadanos y organizaciones, cuestionan artículos. Estos artículos están relacionados con la gestión y protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La normativa, tercer proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo, busca garantizar la sostenibilidad financiera de estas zonas.
Las demandas admitidas fueron presentadas por los ciudadanos Byron Mauricio Garcés Preciado, Pacha Lucía Terán Pineda y Edgar Paúl Jácome Segovia, junto con organizaciones como la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (Unagua) y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Las salas de admisión de la CC unificaron estas acciones el 8 y 10 de septiembre. Sin embargo, negaron las medidas cautelares para suspender provisionalmente los efectos de la ley. Este miércoles 1 de octubre, la Asamblea Nacional remitió a la CC el expediente legislativo de la normativa.
Cuestionamientos a la forma y el fondo de la Ley
Las demandas señalan irregularidades en la forma y el fondo de los artículos 4, 5 y 6 de la ley. Estos artículos establecen la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas bajo la dirección del presidente de la República. Además, contemplan la formación de un fideicomiso para la gestión del sistema y la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en su protección. Los demandantes argumentan que estas disposiciones podrían contravenir la Constitución.
La Corte dispuso que la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional presenten, en un plazo de quince días desde la notificación, sus argumentos en defensa de la constitucionalidad de la norma. El trámite de las demandas acumuladas está a cargo de la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo. Las otras dos acciones de inconstitucionalidad aún no han sido resueltas por la CC.
Contexto de la Ley y su aprobación
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas fue aprobada como parte de las medidas económicas urgentes. Estas medidas fueron propuestas por el Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este sistema abarca ecosistemas clave para la conservación de la biodiversidad en Ecuador, un país reconocido por su riqueza natural. La normativa busca establecer mecanismos de financiamiento y protección. Sin embargo, ha generado controversia entre sectores que temen impactos en la autonomía de la gestión ambiental.
El proceso legislativo culminó el 10 de julio con un amplio respaldo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, las demandas reflejan preocupaciones sobre la posible centralización del control de las áreas protegidas y el rol de las fuerzas de seguridad en su gestión. Estas preocupaciones han motivado el escrutinio constitucional.
Marco de decisiones constitucionales recientes
La admisión de estas demandas se produce en un contexto de reciente actividad de la Corte Constitucional. El 26 de septiembre, la CC declaró inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, también enviadas por el Ejecutivo como proyectos económicos urgentes. Estas decisiones han intensificado el debate sobre la constitucionalidad de las reformas propuestas por el Gobierno.
El trámite de las demandas contra la Ley de Áreas Protegidas será clave para determinar si la normativa se ajusta al marco constitucional. Mientras tanto, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas continúa operando bajo las disposiciones actuales, a la espera de una resolución definitiva. La atención se centra ahora en los argumentos que presentarán la Presidencia y la Asamblea, así como en la evaluación de la jueza Andrade Quevedo.
