El prefecto André Granda compareció ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, en Quito, para proponer que en la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se incluya el criterio de territorialidad amazónica, con el fin de garantizar mayor participación de proveedores locales en los procesos de compras públicas.
Propuesta del prefecto
Durante su intervención, Granda explicó que la iniciativa busca alinear la normativa de contratación pública con el mandato constitucional de la circunscripción territorial especial amazónica. Señaló que este ajuste permitiría establecer acciones afirmativas que prioricen a los actores económicos de la región.
“Proponemos que el criterio de territorialidad esté en la ley y en los reglamentos del Servicio Nacional de Contratación Pública. Así los proveedores amazónicos tendrán preferencia real en los procesos”, manifestó el prefecto.
El planteamiento busca reforzar el cumplimiento de la Ley Amazónica, que exige medidas específicas para garantizar el desarrollo económico y social de la región.
Observaciones sobre la reforma
El prefecto de Pastaza también insistió en la necesidad de reducir los plazos de los procesos de contratación. Explicó que las demoras entre la adjudicación y la firma del contrato afectan la ejecución de obras, en particular las que realizan los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
Otra preocupación expuesta por Granda se relaciona con las dificultades para adquirir repuestos de maquinaria vial en las prefecturas. Según indicó, la falta de agilidad en estos procesos compromete los mantenimientos preventivos y correctivos, indispensables para mantener en funcionamiento las vías rurales.
El legislador Adrián Castro, integrante de la Comisión, coincidió en la urgencia de establecer un régimen especial de contratación para la Amazonía, que atienda la realidad económica y logística de la región.
Apoyo legislativo y contexto regional
Varios asambleístas expresaron su respaldo a la idea de evitar que grandes empresas nacionales concentren la contratación pública local. Destacaron la importancia de abrir espacio a la economía solidaria y a los productores amazónicos, quienes enfrentan desventajas frente a corporaciones con mayor capacidad financiera.
El debate forma parte del análisis de la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. La inclusión del criterio territorial se perfila como un eje de negociación, dado su impacto directo en los actores locales.
La Amazonía ecuatoriana, que abarca seis provincias, mantiene una economía basada en actividades extractivas y productivas, pero reclama mecanismos que fortalezcan el mercado interno. En este contexto, la propuesta del prefecto de Pastaza busca consolidar un marco legal que permita dinamizar la economía regional y garantizar mayor equidad en los procesos estatales.
