El lunes 25 de agosto inició la audiencia pública sobre la Ley de Solidaridad Nacional en la Corte Constitucional. Los demandantes y el Gobierno presentarán sus argumentos ante los jueces. La audiencia, presidida por el juez Alí Lozada, reúne a las partes de forma telemática.
En esta jornada, se tratan cinco demandas ciudadanas que se consolidaron en una única causa. Antes del inicio, el magistrado Lozada explicó que el proceso busca dar trámite a las acusaciones ciudadanas de inconstitucionalidad.
Las críticas a la ‘Forma’ de la Ley
La primera parte de la audiencia se centró en los problemas de trámite de la ley. Los abogados de los demandantes argumentaron que la normativa no debe ser considerada de urgencia económica. En cambio, su enfoque principal es la seguridad nacional. También criticaron la falta de unidad de materia, ya que las disposiciones reformatorias incluyen temas no relacionados con la ley.
La representante de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, defendió el proceso. Dijo que la ley busca combatir el crimen organizado. Afirmó que este es un tema de urgencia económica. Destacó que la Comisión de Desarrollo Económico recibió a varias autoridades y representantes de la sociedad civil.
Stalin Andino, secretario Jurídico de la Presidencia, indicó que la ley tiene un objeto económico claro. Buscan afectar la economía criminal y fortalecer las fuerzas públicas. Asimismo, aseguró que las medidas económicas se vinculan al conflicto armado interno. Su intervención fue breve. Andino explicó que enviará todos sus argumentos por escrito.
El debate sobre el conflicto armado interno
El segundo bloque de la audiencia trató sobre el contenido de la Ley de Solidaridad. Específicamente, sobre el conflicto armado interno. Los demandantes señalaron las normas internacionales. Según esas normas, los grupos criminales deben sostener operaciones militares coordinadas. Lo cual, según ellos, no sucede en Ecuador.
Los demandantes acusaron al Gobierno de no justificar el estatus de grupo armado. Dijeron que los actos de violencia son esporádicos. Estos no alcanzan la intensidad ni la organización necesaria. También se criticó la creación del delito de pertenecer a un grupo criminal. No se detalla el acto específico prohibido, lo que atenta contra la seguridad jurídica.
Nuevas herramientas jurídicas
La Asamblea Nacional respondió que el derecho internacional solo requiere hostilidades prolongadas. Se necesita una combinación de organización y la intensidad de los enfrentamientos. Según Mediavilla, la ley brinda al Estado nuevas herramientas jurídicas.
Estas herramientas se adaptan al contexto ecuatoriano. Agregó que el mandatario debe demostrar que los grupos cumplen los requisitos de mando.
Stalin Andino sostuvo que la toma de TC Televisión, en enero de 2024, justificó las medidas. Dijo que la ciudadanía siente miedo por la violencia. Pidió a los jueces que salieran de sus oficinas para entender esta realidad. También acusó a los magistrados de emitir dictámenes contradictorios.
Miguel Mendoza, de la Procuraduría, defendió la iniciativa presidencial. Los cambios responden a una obligación del Ejecutivo y Legislativo. Insistió en que la Ley de Solidaridad no contraviene ninguna norma constitucional. Para él, es una solución integral.
