Con asombro y desagrado me he enterado de que los actuales miembros del Comité de la Reconstrucción están reincidiendo en el cometimiento del delito de malversación del pequeño remanente que ha quedado de los millonarios fondos que se recaudaron para afrontar los trabajos de reconstrucción de los terribles daños ocasionados por el terremoto del 16 de abril de 2016. Se informa que con ese saldo se pretende continuar los trabajos de construcción de dos puentes, el de Lodana y el de Quimis, obras que no tienen nada que ver con los estragos del terremoto. Estos dos puentes han sido destruidos parcialmente debido a la mala construcción, no a causa del sismo. En relación con el puente de Lodana, que está a la entrada de Santa Ana, han transcurrido muchos años en que todos los consejos provinciales y ahora el Ministerio de Obras Públicas han tratado de construirlo, tomándolo como la obra cumbre del gobierno de turno.
El delito de malversación, según el actual Código Orgánico Integral Penal (COIP), consiste en utilizar los fondos de una partida presupuestaria en algo diferente a lo prescrito. Antes de la promulgación de este código, la malversación estaba tipificada en la Ley de Régimen Municipal y en otras normas conexas como una falta administrativa, práctica muy común especialmente en los municipios. La Contraloría se limitaba a glosar a los funcionarios responsables, quienes con esmero se dedicaban a desvanecer dichas glosas, argumentando o justificando los motivos por los cuales se ocuparon los fondos de una partida en algo diferente, alegando necesidades imprevistas. Y ahí quedaba todo resuelto.
Volviendo al tema de la reconstrucción, se ha llegado a comprobar la perpetración de delitos punibles y pesquisables de oficio. Es por esta razón que muchos funcionarios responsables del buen uso de esos fondos están fugitivos o presos: desde el inicio distrajeron dichos dineros en obras suntuosas que no tenían nada que ver con la ayuda a los verdaderos damnificados del terremoto, de los cuales se dice que todavía muchas familias siguen viviendo en carpas. En el caso del cantón Sucre y específicamente de la ciudad de Bahía de Caráquez, a raíz del sismo se cometieron gravísimos delitos, unos por acción y otros por omisión. Se contrató una empresa que se encargó de demoler edificaciones que, a su criterio, debían ser derribadas, como el edificio donde funcionaban las oficinas y el dispensario del IESS. También se comenta que el edificio del viejo hospital Miguel H. Alcívar no debió ser demolido.
Pero lo más indignante es el caso del legendario y centenario Colegio Nacional Eloy Alfaro, donde se destruyeron aulas con poco tiempo de construcción para dar paso a la Unidad Educativa del Milenio Eloy Alfaro. Esto se ha convertido en el referente de la desidia, el quemeimportismo, el centralismo y el nulo actuar en beneficio de la educación de la niñez y juventud caraquense.
