El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2022) será trasladado de la cárcel de Barbadillo, conocida como la prisión de los expresidentes, a la cárcel común de Ancón II, en el norte de Lima, según informó este viernes 22 de agosto el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
La decisión, que marca un hito al ser la primera vez que un exmandatario peruano es enviado a una prisión común en lugar de Barbadillo, responde a una reclasificación realizada por la entidad penitenciaria, aunque no se detallaron los motivos específicos. Vizcarra, acusado de presuntos sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), cumple prisión preventiva por cinco meses mientras avanza su proceso judicial.
El Inpe decidió reubicar a Vizcarra
El Inpe, organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció el jueves 21 de agosto la anulación de la resolución que inicialmente destinaba a Vizcarra a Barbadillo. Un centro penitenciario creado en 2007 para albergar a expresidentes como Alberto Fujimori (1990-2000). Actualmente, Barbadillo acoge a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2023), todos bajo prisión preventiva o condenas.
Tras una nueva evaluación, el Inpe decidió reubicar a Martín Vizcarra, primero considerando la cárcel de Lurigancho, una de las más pobladas de América Latina. Finalmente optando por Ancón II, conocida como Piedras Gordas II, por sus instalaciones modernas y mayor seguridad. “El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria para salvaguardar su integridad física y/o psicológica”, señaló el Inpe en un comunicado oficial.
Contexto de la decisión
La medida ha generado controversia, ya que algunos sectores especulan que el traslado se debe a que los delitos imputados a Martín Vizcarra ocurrieron antes de su mandato presidencial. A diferencia de otros expresidentes en Barbadillo. Este argumento también se aplicó en el caso de Ollanta Humala, condenado en primera instancia por lavado de dinero relacionado con aportes de campaña. Sin embargo, el Inpe no ha proporcionado detalles específicos sobre los criterios de la reclasificación, lo que ha avivado críticas sobre posibles motivaciones políticas.
Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, goza de una notable popularidad por su enfrentamiento con el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, durante su mandato. Su gestión se destacó por impulsar reformas políticas y judiciales, lo que lo posiciona como una figura relevante de cara a las elecciones de 2026. En las encuestas lo sitúan entre los favoritos, pese a las inhabilitaciones impuestas por el Congreso.
Reacciones y críticas
La decisión del Inpe ha sido cuestionada por allegados al expresidente. Alejandro Salas, exministro y portavoz de Martín Vizcarra, denunció en la red social X un supuesto “abuso de autoridad” y “persecución política” por parte del presidente del Inpe y su junta clasificadora. Salas calificó el traslado como “tortura psicológica” y anunció acciones legales contra los responsables.
Por su parte, Wilfredo Pedraza, exdirector del Inpe y exministro del Interior, señaló en Canal N que la medida es “una arbitrariedad y un despropósito” sin sustento técnico, sugiriendo un trasfondo político. “La única razón por la que existe Barbadillo es garantizar la seguridad de expresidentes como Fujimori”, afirmó Pedraza.
Mario Vizcarra, hermano del expresidente, también se pronunció, calificando la resolución como “un atentado canallesco” que busca humillar al exmandatario. Anunció que la familia acudirá a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para revisar el caso. “No lo vamos a permitir”, enfatizó.
Proceso judicial en curso
Martín Vizcarra enfrenta cargos por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador de Moquegua. En un caso que lo mantiene bajo prisión preventiva desde la semana pasada. Su defensa ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando errores en la orden de prisión, como la supuesta falta de arraigo familiar. Desmentida por la presencia de su esposa y su hijo menor, quien cursa estudios escolares.
