Los transportistas de carga pesada en Manta, Ecuador, realizaron un plantón pacífico la tarde de este lunes 15 de septiembre para rechazar el incremento del precio del combustible, que consideran insostenible para el sector por sus altos costos operativos.
Transportistas aclaran que no paralizaron vías
Durante la jornada, Ángel Macías, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado del Ecuador (Fenacotrape), explicó que la medida no consistió en un cierre de carreteras, sino en un espacio de reunión para analizar decisiones.
“Esto no es una paralización, es un plantón pacífico. Las vías están abiertas”, señaló, precisando que el objetivo es dialogar y definir acciones conjuntas.
Macías recalcó que el alza de un dólar en el combustible representa cerca del 60% de los costos operativos de camiones y tractocamiones. “El combustible se consume a diario, mientras que las llantas o el aceite tienen un reemplazo periódico. Es nuestro mayor gasto”, sostuvo.
Los dirigentes manifestaron que están en conversaciones con el gobierno y con empresas privadas para explorar salidas, aunque advirtieron que cualquier incremento afecta directamente al precio de alimentos y productos básicos.
Impacto en la economía familiar
Según los transportistas, el aumento de combustible no solo encarece el servicio de carga, sino que también repercute en la canasta básica familiar.
Macías ejemplificó: “Si transportar agua de coco desde Rocafuerte costaba 50 dólares, ahora subirá a 75 dólares”.
Otros representantes, como Hugo Barcia, presidente de la cooperativa Puerto de Manta, expresaron que los costos en repuestos y llantas también son elevados en el país en comparación con otras naciones de la región. “Un vehículo aquí nos cuesta mucho más por impuestos. El alza del combustible nos deja sin margen de operación”, comentó.
El gremio coincide en que no buscan bonos ni compensaciones temporales, sino condiciones claras y un marco regulatorio que permita cubrir sus costos. “No queremos limosnas. Queremos que se respete nuestra formalidad y que se elimine la competencia informal”, señaló uno de los voceros.
Libre oferta y demanda
Una de las diferencias marcadas entre el transporte pesado y otros sectores es la falta de regulación de tarifas. Mientras los buses urbanos e interprovinciales tienen un tarifario establecido, la carga pesada funciona bajo el esquema de libre oferta y demanda, lo que obliga a negociar cada contrato con empresas privadas.
Transportistas como Rosa Hormaza, de la cooperativa de volqueteros de Manta, remarcaron que la ausencia de un tarifario oficial los deja en desventaja. “El transporte pesado es el único que no tiene beneficios ni financiamiento estatal. Necesitamos una organización real para poder sostenernos”, afirmó.
Los dirigentes proponen que, en caso de existir subsidios, estos se orienten únicamente a transportistas regularizados y no al sector informal. Incluso sugirieron que entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) o la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) puedan cruzar información para garantizar la entrega a los actores formales del sector.
Preocupación por inseguridad en carreteras
Además de los costos del combustible, los transportistas denunciaron que la inseguridad en las vías agrava su situación. Reportaron que muchos vehículos deben salir desde las 4:00 de la mañana para evitar asaltos en carretera.
“Hay carros que ya no pueden circular en horarios normales. La delincuencia nos afecta cada vez más”, advirtió Macías. El gremio sostiene que, junto con el tema del diésel, la seguridad debe estar en la agenda de diálogo con el gobierno.
Los voceros concluyeron que el transporte pesado “mueve al país” y que sin una solución rápida los efectos se extenderán a toda la economía nacional. Reiteraron que seguirán dialogando de manera pacífica para evitar medidas más drásticas.
