La Fiscalía General del Estado procesa a Hernán David P. S. y Yomaira Alexandra C. P. por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras un operativo realizado el 15 de agosto en una urbanización privada del cantón Daule, provincia de Guayas. En la acción, las autoridades incautaron 589.630 dólares en efectivo, junto con vehículos, dispositivos electrónicos y otros indicios. El procedimiento, ejecutado por la Policía Judicial y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la avenida León Febres Cordero, en el norte de Guayaquil.
El operativo se desencadenó tras una denuncia reservada que alertó a las autoridades. Durante el allanamiento, los agentes encontraron a los dos procesados, uno de ellos identificado como servidora policial servicio en activo. En el dormitorio principal de la vivienda, se halló una maleta con fajos de billetes de 100, 20 y 10 dólares, cuyo origen no pudo ser justificado por los ocupantes.
Operativos y hallazgos de la operación
Además del dinero en efectivo, las autoridades incautaron tres automotores, una motocicleta, once teléfonos celulares, tres computadores y un chaleco antibalas, entre otros objetos. Todos los indicios fueron ingresados en cadena de custodia para su análisis. Según el parte policial, los procesados no pudieron explicar el destino ni la procedencia de los bienes incautados, lo que motivó la formulación de cargos.
En la audiencia de calificación de flagrancia, el fiscal presentó como elementos de convicción el parte informativo del dinero incautado. Además de el parte de aprehensión, las versiones de los agentes intervinientes y las evidencias recolectadas. El juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Hernán David P. S. y arresto domiciliario para Yomaira Alexandra C. P. La última sentencia se dictó considerando que la mujer se encuentra en período de lactancia.
Marco legal y antecedentes
La Fiscalía basa el proceso en los artículos 279 y 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifican los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, respectivamente. En concurso real de infracciones, estas conductas pueden acarrear penas de siete a diez años de prisión por el primer delito. Además de diecinueve a veintidós años por el segundo. La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días, y el dinero incautado fue depositado en una cuenta de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, por disposición judicial.
En Guayas, operativos similares han sido recurrentes en los últimos años. La provincia es un punto estratégico para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos. Según datos de la Fiscalía, en 2024 se iniciaron más de 200 investigaciones por delitos financieros en la región, lo que refleja la magnitud del problema.
