Diego Javier Ch. Ch., de 38 años, fue sentenciado a 19 años de prisión por el delito de violación contra una adolescente de 14 años en Archidona, provincia de Napo, Ecuador. Ocurrió el 11 de septiembre de 2025; la Fiscalía presentó pruebas concluyentes durante la audiencia de juzgamiento. Estas incluyeron informes médico-legales y testimoniales, en un caso que resalta la vulnerabilidad infantil en zonas rurales amazónicas.
La audiencia de juzgamiento, desarrollada en el Tribunal de Garantías Penales de Archidona, culminó con una sentencia unánime que no dejó espacio a dudas sobre la autoría de Diego Javier Ch. Ch., en los hechos ocurridos a finales de 2022.
El fiscal a cargo sustentó la acusación por violación destacando el informe médico-legal ginecológico recibido el 22 de febrero de 2023. Este confirmó huellas biológicas compatibles con la agresión sexual en la víctima.
La adolescente víctima
La víctima, una adolescente indígena de la comunidad kichwa en Napo, identificó directamente a Ch. Ch. como su agresor durante la reproducción de su testimonio anticipado, un procedimiento protegido por la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Pasaron dos meses
Dos meses después, en febrero de 2023, bajo circunstancias similares de intoxicación alcohólica y soledad en el hogar, Ch. Ch., repitió la violación, y ofrenciéndole 20 dólares para impedir que revelara los hechos. Ante la persistente negativa de la menor, el agresor escaló sus tácticas de control mediante amenazas explícitas: prometió matar a sus hermanos menores, alegando supuesta pertenencia a un grupo de delincuencia organizada.
Estas intimidaciones, según el expediente judicial, buscaban perpetuar el secreto, pero no lograron su objetivo. La víctima, a pesar del temor, confió en su madre, quien presentó la denuncia formal ante la Fiscalía el 24 de febrero de 2023, iniciando el proceso investigativo.
Pruebas Periciales y Vulnerabilidad de la Víctima
La pericia psicológica, realizada por expertos del Ministerio Público, determinó que las agresiones causaron a la adolescente lesiones graves, incluyendo estrés postraumático severo y trastornos emocionales que afectan su desarrollo integral. Este informe, presentado en la audiencia, subrayó el impacto duradero en la salud mental de la menor, quien requirió atención especializada inmediata.
Complementariamente, la pericia de entorno social con enfoque intercultural —realizada por asistentes sociales capacitados en derechos indígenas— reveló la alta vulnerabilidad de la víctima. Como primogénita en una familia monoparental de bajos recursos. La adolescente asumía la custodia de sus hermanos pequeños durante las extensas jornadas laborales de su madre en plantaciones de cacao y yuca, comunes en la región amazónica. (27)
