En un espacio de entrevista de Manavisión Plus, el abogado penalista Nino Cassanello analizó la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. La iniciativa busca abordar temas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la presencia de bases militares extranjeras y reformas penales. Cassanello ofreció una visión jurídica sobre la viabilidad y el contexto de estas propuestas. La discusión, transmitida por el medio Manavisión, abordó los retos de un país en crisis de seguridad y economía.

Viabilidad jurídica de las reformas propuestas

Cassanello explicó que la Corte Constitucional ratificó que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana requiere una reforma parcial. “La Corte ha dicho que suprimir el Consejo altera la estructura del Estado, por lo que no es viable vía enmienda”, afirmó el abogado. La propuesta de juicio político a los jueces de la Corte también enfrenta obstáculos legales. Según Cassanello, “necesita causales muy concretas y delimitadas para ser viable”. Estas reformas, impulsadas por el Ejecutivo, buscan agilizar procesos, pero su aprobación depende del análisis de la Corte.

El experto destacó que las preguntas sobre el fondo partidista y las bases militares extranjeras están avanzadas. “Ya pasaron el trámite de reforma parcial y el debate en la Asamblea; ahora falta la ratificación del pueblo”, señaló Cassanello. La consulta, programada para finales de noviembre o inicios de diciembre, podría incluir modificaciones al sistema de mayorías en la Corte Constitucional. Estas propuestas reflejan la intención del Ejecutivo de ajustar el marco institucional a la realidad actual.

Por otra parte, Cassanello subrayó que la ley de integridad pública busca optimizar la gestión de funcionarios. “La crisis en el sector salud no es solo de recursos, sino de ejecución eficiente”, comentó. Esta ley, junto con la de solidaridad nacional, responde a la necesidad de enfrentar la inseguridad y mejorar la administración pública. Sin embargo, ambas enfrentan cuestionamientos de inconstitucionalidad, lo que genera tensiones con la Corte.

Seguridad y economía: ejes de la consulta

El abogado abordó la visión de seguridad del presidente Noboa, centrada en un sistema penal más rápido. “El gobierno propone un derecho penal de tercera velocidad para delitos como robo o extorsión”, explicó Cassanello. Esta estrategia incluye la reforma carcelaria y la construcción de nuevos centros penitenciarios. Además, el Ejecutivo impulsa la flexibilización del trabajo por horas en el sector turístico, una apuesta económica para generar empleo.

Cassanello enfatizó que estas propuestas responden a la coyuntura actual. “El presidente plantea un sistema penal más efectivo, acompañado de inversiones en infraestructura carcelaria”, afirmó. Sin embargo, aclaró que su éxito dependerá de la aceptación ciudadana en la consulta. La economía, otro eje central, enfrenta retos en un mundo multipolar. “Ecuador debe adaptarse a socios comerciales como Estados Unidos, China y Europa, promoviendo minería y petróleo”, añadió el experto.

La consulta también plantea preguntas sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, un organismo polémico. “El Consejo ha fracasado en su propósito de ser ajeno a la política”, aseguró Cassanello. Aunque su supresión no es viable por enmienda, una reforma parcial podría redefinir sus funciones. La discusión sobre este organismo refleja la necesidad de replantear los mecanismos de participación ciudadana.

Hacia una posible constituyente

Cassanello sugirió que la consulta podría ser un paso hacia una asamblea constituyente. “Un referéndum inicial preguntaría al pueblo si desea un proceso constituyente”, explicó. Este camino implicaría varios procesos electorales para conformar la asamblea y aprobar un nuevo texto constitucional. Sin embargo, advirtió que los tiempos políticos y la coyuntura actual podrían limitar esta opción.

“La constitución de 2008 no responde al Ecuador de 2025, con nuevos retos en seguridad y economía”, afirmó Cassanello. La madurez democrática del país, consolidada tras 18 años de estabilidad política, podría facilitar este proceso. No obstante, el abogado instó a la ciudadanía a informarse. “Los problemas de justicia tienen causas multifacéticas; el ciudadano debe entender las propuestas y participar activamente”, recomendó.

El experto también abordó las recientes marchas en apoyo y en contra de las políticas de Noboa. “Son ejercicios democráticos que reflejan la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional”, comentó. Estas movilizaciones, según Cassanello, buscan reforzar el apoyo al proyecto de gobierno y podrían allanar el camino hacia una reforma constitucional.

Un llamado a la participación informada

La entrevista en Manavisión Plus resaltó la importancia de la participación ciudadana en la consulta popular. Cassanello cerró con un mensaje claro: “La ciudadanía debe informarse y ser crítica, entendiendo los desafíos del gobierno y las instituciones”. Su análisis subraya la necesidad de un debate objetivo sobre las reformas propuestas.

La consulta, con un costo aproximado de 60 millones de dólares, genera controversia en un contexto de crisis en salud. Sin embargo, Cassanello defendió su relevancia. “Aprovechar un proceso electoral ya iniciado para incluir otras preguntas es válido”, afirmó. La decisión final recae en los ecuatorianos, quienes definirán el rumbo del país en noviembre o diciembre.