La Asamblea Nacional de Ecuador estudia un proyecto de ley que otorgaría seguridad social a los pescadores artesanales, informó el asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la Comisión de Desarrollo Económico, en Manta, donde explicó que el debate se retomará en las próximas semanas tras la atención a proyectos de carácter económico urgente.
Una ley en camino para el sector pesquero del Ecuador
El legislador señaló que la normativa contempla dos aspectos principales: establecer un seguro para pescadores artesanales y definir un esquema de sanciones diferenciado entre el sector artesanal e industrial. “Los pescadores artesanales no tienen seguro, pese a realizar una de las labores más complejas del país. Queremos cambiar esa realidad”, indicó Franco.
La propuesta surge en un contexto en el que otras actividades productivas, como la agricultura, ya cuentan con un seguro campesino. Según Franco, la intención es que los pescadores accedan a una cobertura que les brinde atención médica y respaldo en situaciones de riesgo laboral.
El asambleísta anticipó que la discusión formal del texto legal se retomará en aproximadamente un mes. Mientras tanto, la comisión revisa observaciones y coordina reuniones con representantes del sector.
La pesca artesanal contribuye con 40% de la captura global anual
Voces del sector pesquero en Manta
Alfonso Delgado, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Pesqueras y Afines del Ecuador con sede en Manta, confirmó que el seguro para pescadores artesanales es una demanda histórica. Recordó que en el pasado podían acceder al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) bajo la modalidad de seguro campesino, pero la normativa vigente los dejó fuera por vivir en zonas urbanas.
Delgado planteó que el modelo a implementarse debería contemplar un esquema de subsidio estatal del 70%, mientras que los pescadores aportarían el 30% restante, en reconocimiento al rol del sector en el abastecimiento de la canasta básica familiar.
El dirigente informó que ya han mantenido al menos dos reuniones con la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea para definir los lineamientos de la normativa. “El proyecto beneficiará a todo el universo de pescadores del país, sean de aguas interiores, costeras o someras”, afirmó.
Falta de censo pesquero
Una de las limitaciones para definir el alcance del beneficio es la ausencia de un censo pesquero nacional. Aunque la Ley de Pesca, aprobada en 2020, establecía este requisito, hasta la fecha no se ha ejecutado.
Delgado señaló que, sin datos oficiales, es complejo calcular con precisión el número de beneficiarios. Sin embargo, estimó que en Ecuador hay más miles de pescadores, incluyendo a quienes trabajan en diferentes cadenas productivas relacionadas con la pesca artesanal.
El censo permitiría establecer una base de datos clara para organizar el registro de pescadores, definir aportes y garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Según el registro del Sistema Integrado de Auacultura Y Pesca, hasta 2021 se contabilizaban 28 mil 510 pescadores artesanales.
Casos locales: la situación en Jaramijó
La falta de acceso al seguro campesino también ha tenido repercusiones en los territorios. Jorge Castro, dirigente pesquero artesanal y responsable del departamento técnico pesquero de Jaramijó, explicó que en el cantón se intentó gestionar la construcción de un centro médico del IESS con la entrega de terrenos por parte de los pescadores.
No obstante, el proyecto no prosperó debido a que Jaramijó está clasificado como zona urbana, lo que impide que sus habitantes reciban atención médica en centros urbanos parte del seguro campesino, un beneficio limitado a zonas rurales. “Ese fue uno de los principales obstáculos”, comentó.
Este caso refleja la necesidad de una normativa específica que contemple la realidad de los pescadores artesanales en áreas urbanas y periurbanas, quienes actualmente quedan sin cobertura.
Un paso hacia la formalización del sector
La discusión en la Asamblea Nacional representa un avance hacia la formalización del trabajo de miles de familias que dependen de la pesca artesanal. Además de brindar seguridad social, la ley busca equilibrar las sanciones para quienes modernizan sus embarcaciones con equipos como GPS. Sin que esto implique clasificarlos de manera automática como industriales.
El reto está en diseñar una normativa que beneficie a los pescadores artesanales sin afectar la competitividad del sector industrial. Este sector enfrenta presiones internacionales como la “tarjeta amarilla” impuesta por la Unión Europea en temas de pesca ilegal.
De aprobarse, el seguro para pescadores artesanales se sumaría a los esfuerzos por reconocer la importancia del sector pesquero en la economía nacional. Así se garantizará mejores condiciones para quienes trabajan en alta mar.
