Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, criticó la marcha convocada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el martes 12 de agosto de 2025. La funcionaria se refirió a la aparición de vallas con los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional.

Goebertus calificó estos actos como un ataque a la independencia judicial y al Estado de derecho. La marcha se realizó en Quito y contó con la participación de funcionarios públicos.

Rechazo a la estrategia de estigmatización

La directora de HRW, Juanita Goebertus, utilizó su cuenta de X para manifestar su postura. En su publicación, afirmó: “Los ataques a los jueces de la Corte Constitucional son inaceptables y atentan contra la independencia judicial y el Estado de derecho”.

Además, Goebertus hizo un llamado a no poner en riesgo la labor de la Corte. Las declaraciones surgen en el contexto de las vallas instaladas a lo largo de la ruta de la marcha. Estas vallas, con los rostros de los magistrados, se mostraron durante los preparativos del evento.

La postura de Human Rights Watch se alinea con las preocupaciones sobre la separación de poderes. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han manifestado que este tipo de acciones pueden intimidar a los jueces. La directora de HRW rechazó las “declaraciones estigmatizantes” del gobierno de Noboa. La marcha del presidente Noboa ha sido un punto de tensión reciente en el panorama político de Ecuador.

Respuesta del Gobierno sobre el origen de las vallas

La portavoz del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, respondió a las críticas durante una rueda de prensa. Jaramillo negó que se hubieran utilizado recursos públicos para la elaboración o colocación de las vallas. “No se tratan de manifestaciones que vengan del Gobierno Nacional”, aseguró la portavoz.

Jaramillo defendió la postura del Gobierno, indicando que los jueces requieren de un contrapeso político. La portavoz recordó que la pregunta de la consulta popular, sobre permitir el juicio político a la Corte Constitucional, es común en otros países. Este argumento busca legitimar la presión política sobre la Corte.

La postura del Gobierno ha sido constante, aunque ahora se enfrenta a una fuerte crítica internacional por el incidente. La controversia sobre la marcha y las vallas continúa generando debate en el país.