La Corte Constitucional (CC) de Ecuador admitió a trámite nueve demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, dos contra la Ley de Solidaridad Nacional y una contra la Ley Orgánica de Inteligencia, todas aprobadas por la Asamblea Nacional y vigentes en el país. Las decisiones, tomadas entre el 7 y 8 de agosto, reflejan un intenso escrutinio sobre estas normativas, aunque la Corte Constitucional negó las medidas cautelares solicitadas para suspender provisionalmente algunos artículos.
Las demandas contra la Ley de Integridad Pública, presentadas por diversas organizaciones y ciudadanos, incluyendo al abogado Adolfo Fernando Espinel, el Movimiento Unidad Popular, el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). También la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), el Colectivo Sindical Parlamento Laboral Ecuatoriano (PLE). Asimismo, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador (CSE), entre otros. Sin embargo, dos recursos, presentados por la Federación Nacional de Servidores Universitarios y Politécnicos del Ecuador y la ciudadana Blanca Mariella Zúñiga Suarez, fueron inadmitidos.
Las demandas contra la Ley de Solidaridad
En cuanto a la Ley de Solidaridad Nacional, las acciones admitidas provienen de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) y el Colegio de Abogados de Pichincha. Por su parte, la única demanda aceptada contra la Ley de Inteligencia fue presentada por siete organizaciones sindicales. Se incluyó la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE). En algunos casos, la Corte Constitucional (CC) acumuló demandas por compartir objeto y acción, optimizando el proceso de revisión.
La Corte dispuso notificar a la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado. Les otorgó un plazo de 15 días para defender o impugnar la constitucionalidad de las normas. Este proceso se suma a cinco demandas admitidas el 4 de agosto contra las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad, que derivaron en la suspensión provisional de 17 artículos.
39 acciones públicas ha recibido la Corte Constitucional
Hasta el 8 de agosto, la Corte Constitucional ha recibido 39 acciones públicas de inconstitucionalidad. Es decir, 27 contra la Ley de Integridad Pública (12 admitidas, 2 inadmitidas), seis contra la Ley de Solidaridad Nacional (cinco admitidas, una inadmitida). Asimismo, dos contra la Ley de Inteligencia (ambas admitidas) y cuatro contra la Ley de Fortalecimiento de Áreas Protegidas, aún pendientes de revisión. Estas cifras reflejan un alto nivel de controversia en torno a las recientes reformas legislativas en Ecuador.
El análisis de estas demandas por parte de la Corte Constitucional será clave para determinar la vigencia de las normativas impugnadas. Temas que abordan temas sensibles como la transparencia en la función pública, la seguridad nacional y la solidaridad social.
