La Comisión de Niñez y Adolescencia avanza en la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, abarcando sus Libros I, II y III. Expertos de la Vicepresidencia, Defensoría Pública y especialistas legales presentaron propuestas para fortalecer la protección de la primera infancia. Sus aportes buscan consolidar un texto unificado robusto. El proceso prioriza la justicia y los derechos de niñas y niños.
Diego Cisneros, delegado de la Vicepresidencia, resaltó la importancia de la corresponsabilidad parental, alineada con el Decreto Ejecutivo N.º 3. “Cada Centro Violeta abierto, cada mujer que emprende, cada víctima reparada es evidencia de que sí se puede transformar realidades con decisión y cercanía”, afirmó, celebrando la reforma al artículo 25 del Código Civil. Esta propuesta, impulsada por las asambleístas Ana Herrera y Mónica Salazar, refuerza políticas públicas para la niñez.
José Chimbo, de la Defensoría Pública, presentó observaciones a los tres libros del proyecto. Propuso integrar aportes institucionales y ciudadanos en la mesa técnica. Su intervención subrayó la necesidad de un marco legal que garantice protección integral para los menores.
Expertos: pilares para una niñez protegida
Fanny Aguilar, también de la Defensoría Pública, destacó que la reforma aborda una deuda histórica del Estado. Enfatizó que el interés superior del niño debe guiar las decisiones públicas y judiciales. Sus propuestas buscan entornos seguros y acceso equitativo a la justicia para menores vulnerables.
Vicente Torres, especialista en derecho, recomendó fortalecer el Libro III, asignando al Ministerio de Inclusión Económica y Social la rectoría del sistema de protección. Propuso reformar el artículo 249 del COOTAD para limitar la discrecionalidad en el uso de recursos municipales. Además, abogó por robustecer las juntas cantonales de protección.
Fortaleciendo políticas públicas
Torres también alertó sobre la pérdida de especificidad tras la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad. Sugirió acompañar la reforma con políticas públicas efectivas. Estas medidas garantizarían una protección real y oportuna para la niñez ecuatoriana.
Cisneros, por su parte, recomendó precisar el subsidio para madres sin empleo formal, articulándolo con transferencias del MIES. Propuso un análisis de impacto fiscal para asegurar la sostenibilidad de estas medidas. Sus aportes buscan un equilibrio entre derechos y viabilidad económica.
Hacia una reforma integral
La Defensoría Pública reafirmó su compromiso con la justicia para menores. Expertos coinciden en que la reforma debe priorizar entornos protectores. La mesa técnica continuará integrando propuestas para un texto unificado.
La Comisión de Niñez y Adolescencia consolidará los aportes de expertos e instituciones. El objetivo es garantizar un marco legal que proteja a la primera infancia. Ecuador avanza hacia políticas públicas inclusivas y sostenibles.
