El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este martes 17 de junio de 2025 al juez B.F.R.C., de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca. La decisión, adoptada por unanimidad en la sesión ordinaria No. 053-2025, se produjo por haber concedido beneficios penitenciarios irregulares a 28 personas privadas de libertad que no cumplían con los requisitos legales.
Juez de Cuenca: denuncia y proceso disciplinario
La destitución del juez B.F.R.C. se fundamenta en una infracción disciplinaria gravísima de error inexcusable. El magistrado otorgó prelibertad y régimen semiabierto a 28 detenidos sin considerar las exigencias técnicas y legales vigentes.
Estos hechos salieron a la luz pública el 17 de diciembre de 2024. Los legisladores del Azuay, Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta y Diego Matovelle, presentaron la denuncia formal. Dicha acción impulsó el proceso judicial.
Hallazgos de la investigación
El 29 de enero de 2025, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay emitieron la declaración jurisdiccional previa. Las investigaciones subsiguientes confirmaron las irregularidades.
Las indagaciones revelaron que el juez falló a favor de personas que cumplían sentencias ejecutoriadas por delitos graves. Estos incluyeron violación, robo, asesinato, homicidio y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. El juez invocó criterios subjetivos. Así, no tomó en cuenta los criterios jurídicos establecidos por la normativa.
Implicaciones y daño a la justicia
La conducta del juez vulneró principios fundamentales del sistema judicial. Específicamente, se comprometieron la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad. Esta actuación configuró un error inexcusable. Tal error es considerado grave y dañino para el sistema.
Las decisiones del magistrado no solo comprometieron procesos legítimos. También generaron un riesgo latente de impunidad. Esto afectó la credibilidad de la administración de justicia. La confianza pública en el sistema judicial quedó quebrantada tras esta serie de eventos. El Consejo de la Judicatura actuó para preservar la integridad del sistema.
