Un colectivo de ciudadanos ecuatorianos, quienes fueron reconocidos judicialmente como víctimas de esclavitud moderna en el país, denunció el incumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Dicha resolución ordenó a la empresa Furukawa, de origen japonés, el pago de indemnizaciones que superan los 41 millones de dólares.

Este monto está destinado a resarcir a los 342 extrabajadores que sufrieron un régimen de servidumbre de la gleba durante más de cinco décadas. Sin embargo, la compañía Furukawa presentó una solicitud ante el tribunal en marzo. En esta petición, la empresa busca la autorización para vender hasta diecisiete de sus haciendas. El objetivo de esta venta es obtener los fondos necesarios para cubrir las reparaciones económicas dictaminadas por la justicia ecuatoriana.

La empresa Furukawa, cuya actividad principal se centra en el cultivo de abacá, una planta similar al plátano apreciada por su fibra en la industria textil, fue señalada por los magistrados de la Corte Constitucional como responsable directo de un sistema que anuló la dignidad humana de sus trabajadores. Este esquema de explotación se extendió por más de cincuenta años en territorio ecuatoriano.

Así operaba Furukawa y la lucha por la reparación

El modus operandi de Furukawa consistía en «aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad». Estas personas vivían forzadamente en campamentos precarios dentro de las haciendas de la empresa. Allí cosechaban abacá en beneficio exclusivo de Furukawa durante múltiples generaciones. La servidumbre impuesta les impedía cambiar su condición de vida.

La Corte Constitucional constató las condiciones inhumanas en las que vivían los trabajadores. Los campamentos dentro de las haciendas de Furukawa, arrendadas a particulares que gestionaban las plantaciones, carecían de servicios básicos esenciales. No contaban con luz eléctrica, acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas ni oportunidades de educación y salud para los trabajadores y sus familias.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la Asamblea Nacional, Emidio Cañizares, quien actúa como representante legal de los denunciantes, expresó con firmeza que «la empresa no ha cumplido con la sentencia«. Su voz reflejaba la frustración y la urgencia de las víctimas ante la falta de acción por parte de Furukawa.

Clamor por justicia y acciones legislativas en curso

Con una mezcla de desesperación y esperanza, Cañizares declaró: «Pedimos que por favor no nos pisoteen y que se cumpla la sentencia«. Para él, la inacción de Furukawa sienta un precedente peligroso en Ecuador. Sugiere que «cualquier persona pueda hacer y deshacer como está haciendo la empresa». La lucha por las indemnizaciones se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de justicia.

«Durante 60 años hemos sido personas esclavas», enfatizó Cañizares, pintando un panorama desolador de décadas de explotación. Con profunda tristeza, añadió: «Hay personas que nos estamos muriendo. Hay 10 personas que se han muerto de cáncer y otros también están enfermos». La urgencia de recibir las reparaciones se intensifica ante el deterioro de la salud de muchos extrabajadores. «Hemos salido del campo al pueblo pero seguimos esclavizados porque la sentencia no se ha cumplido», concluyó.

En respuesta a esta situación, la asambleísta correísta Paola Cabezas anunció la presentación de dos proyectos de ley. Estas iniciativas buscan reformar la legislación vigente para evitar la repetición de casos similares de esclavitud moderna, tal como lo establece la sentencia de la Corte Constitucional. Asimismo, anticipó la aprobación de un informe no vinculante. Este informe exhortará a la Defensoría del Pueblo a realizar un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del fallo judicial contra Furukawa.

Avances legislativos para erradicar la esclavitud moderna

«Afortunadamente, la justicia en este país tarda pero llega. Y luego de muchísimos años estos seres humanos y luchadores lograron una sentencia de la Corte Constitucional. La Asamblea no podía abstraerse de ello», afirmó Cabezas. Su declaración subraya el papel del poder legislativo en la protección de los derechos humanos y la erradicación de la esclavitud moderna.

Entre las iniciativas legislativas presentadas por la asambleísta Cabezas se encuentra una reforma del Código de Trabajo. Esta modificación legal busca otorgar «mayores responsabilidades a los inspectores de trabajo para identificar estas problemáticas«. Se reconoce que estos casos de explotación laboral pueden surgir, especialmente, en el sector agropecuario. La reforma busca fortalecer la capacidad de detección y prevención de la esclavitud moderna.

El segundo proyecto de ley propuesto por la asambleísta se enfoca en reformar la ley contra la trata de personas. El objetivo principal de esta reforma es permitir que la Policía Nacional brinde acompañamiento a los inspectores de trabajo durante sus visitas a las fincas. Esta medida busca garantizar la seguridad de los inspectores y facilitar la identificación de posibles casos de esclavitud moderna y otras formas de explotación laboral.