El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió durante la madrugada del jueves no imponer prisión preventiva a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del club nocturno Jet Set. Este centro de diversión colapsó el pasado abril y causó la muerte de más de 230 personas. La jueza Fátima Veloz ordenó medidas cautelares alternativas, pese a la solicitud de la Fiscalía, que buscaba prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel.

Tribunal impone fianza y restricciones

En su resolución, la jueza estableció que los imputados deberán pagar una fianza de 50 millones de pesos dominicanos (alrededor de 842.500 dólares). También deben comparecer periódicamente ante el tribunal y tienen prohibido salir del país. La defensa legal de los hermanos, encabezada por el abogado Miguel Valerio, afirmó que los acusados colaborarán con la justicia y enfrentarán el proceso conforme a derecho.

“El tribunal actuó conforme a la legalidad”, expresó Valerio a los medios tras finalizar la audiencia celebrada durante la madrugada.

Fiscalía apelará decisión judicial

El Ministerio Público, por su parte, manifestó su inconformidad con la decisión. El fiscal Wilson Camacho aseguró que se presentará una apelación, argumentando que los imputados “alteraron de manera significativa la estructura” del club Jet Set antes del colapso. “El tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que ha traído para la sociedad dominicana estos hechos”, señaló Camacho.

El colapso del establecimiento ocurrió el pasado 20 de abril, durante un evento masivo, y provocó una de las tragedias civiles más mortales en la historia reciente del país.

Contexto del caso Jet Set

El club Jet Set era un conocido local de espectáculos ubicado en la capital dominicana. Según investigaciones preliminares, el edificio presentaba modificaciones estructurales no autorizadas y fallas graves de seguridad, que habrían contribuido al colapso de su techo.

La Fiscalía ha presentado cargos por homicidio involuntario, señalando que hubo negligencia en el mantenimiento y operación del lugar. Además, sostuvo que los responsables intentaron ocultar evidencias tras el siniestro.

La sociedad dominicana y los familiares de las víctimas han exigido justicia, y organizaciones civiles han convocado vigilias y protestas para demandar sanciones ejemplares.