Es necesario que el Gobierno nacional y el Estado ecuatoriano aseguren una negociación transparente, honesta y clara de la concesión de los servicios de telefonía celular con las compañías privadas que operan en el país.

Hay un acuerdo de confidencialidad firmado por la telefonía, que al incluir un asunto público se contrapone al valor de transparencia que rige a los temas del Estado.

Para vigilar este proceso de renovación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) creó una comisión ciudadana encargada de la veeduría.

La comisión está conformada por cuatro ingenieros en telecomunicaciones que también tienen un compromiso de confidencialidad.

«En Ecuador, hay un poco más de 15 millones de líneas celulares activas”.

Arcotel, el Ministerio de Telecomunicaciones y el Gobierno tienen la responsabilidad de cara a los siguientes 15 años del servicio, pero además, a la defensa de los intereses del país y de los consumidores.
La concesión de Claro vence en agosto y la de Movistar culmina en noviembre.

Es de esperar que los pagos por el uso del espectro radioeléctrico y la prestación del servicio sean beneficiosos para el país, que demanda y requiere ingresos, y que esos valores tengan relación con el tamaño del negocio.

Además, es preciso que el Estado eleve la exigencia sobre los niveles de calidad de los servicios que prestan las compañías operadoras.

Editorial de El Diario publicado el viernes 14 de julio del 2023 en nuestra edición impresa.