El Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado confirmaron que el atentado con coche bomba del 14 de octubre de 2025 en Guayaquil está vinculado con Los Lobos . Un grupo de delincuencia organizada (GDO) que mantienen redes entre cárceles, minería ilegal y actividades urbanas . El ataque dejó una persona muerta y dos heridas . Además, marcó una nueva escalada del conflicto interno entre el Estado y las estructuras criminales.
Las primeras indagaciones señalan que los vehículos cargados con explosivos salieron desde la cooperativa San Francisco. Este, se encuentra frente al complejo carcelario de la vía a Daule . Esta sería una zona bajo influencia de organizaciones delictivas con presencia nacional. De acuerdo con la Fiscalía , los automotores tenían placas falsas y un recorrido planificado hacia el sector empresarial del norte de Guayaquil. Fue en este lugar donde detonó uno frente al edificio 100 Business Plaza . El ministro del Interior, John Reimberg , explicó que el ataque “representa una retaliación directa” tras los operativos militares del 13 de octubre en Buenos Aires, Imbabura , que afectaron campamentos de minería ilegal controlados por grupos armados .
Investigación revela red criminal
Las agencias de inteligencia establecieron que la estructura detrás del atentado sería una facción de "Los Lobos". Los Pitufos operan con financiamiento cruzado entre economías ilícitas y redes carcelarias . El gobernador del Guayas, Humberto Plaza , informó que el ataque responde a la pérdida de control de zonas mineras. Es aquí donde el Estado ha ejecutado bombardeos y destrucción de maquinaria . La Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ya trabaja en rastrear el flujo de dinero utilizado para la compra de los vehículos y los explosivos empleados. Según fuentes policiales, el material utilizado coincide con dinamita de uso minero , similar a la encontrada en operativos en Imbabura y Azuay .
El uso de vehículos bomba como mecanismo de presión criminal fue detectado por primera vez en enero de 2024 en Ibarra , donde la Policía frustró la detonación de tres automotores cargados con explosivos. En ese entonces, las investigaciones determinaron que la intención era presionar al Gobierno por beneficios penitenciarios y reafirmar el control sobre la minería ilegal . Durante 2025 se registraron dos atentados similares en Guayaquil , dirigidos contra instalaciones carcelarias, que reforzaron la hipótesis de una estructura organizada con capacidad logística sostenida.
El atentado en Ciudad del Sol elevó la alerta nacional de seguridad y motivó la creación de un comité interinstitucional para rastrear los vínculos entre redes delictivas, financiamiento ilegal y actores políticos . Fuentes gubernamentales advierten que los grupos criminales estarían infiltrando manifestaciones sociales para distraer recursos policiales y proteger sus operaciones. El Ejecutivo anunció que mantendrá los operativos contra la minería ilegal y fortalecerá el control penitenciario y financiero , ejes que considera claves para debilitar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.
