Las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional coordinaron el traslado de 417 reclusos desde la cárcel en horas de la madrugada de este jueves 8 de enero de 2026. El traslado inició desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Manabí N.° 2 en Jipijapa hacia el CRS N.° 3 en Sucre (Bahía de Caráquez) y el Centro de Privación de Libertad (CPL) Manabí N.° 4 en Portoviejo (El Rodeo), provincia de Manabí, Ecuador. La operación buscó garantizar orden interno, seguridad y respeto a derechos humanos en un contexto de alta sensibilidad carcelaria.
La Armada del Ecuador, mediante la Fuerza de Tarea 21 “CENTRO”, proporcionó seguridad en la recepción de 72 reclusos clasificados como integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Choneros. Colaboraron el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), Policía Nacional, GOMAI Manabí y el 3er Batallón de Comandos Móviles.
Simultáneamente, el Ejército Ecuatoriano, a través de la Brigada de Caballería Mecanizada N.° 3 “Manabí” y el Grupo de Caballería Mecanizada N.° 12 “Tnte. Hugo Ortiz”, brindó escolta armada al contingente de 345 PPL hacia Portoviejo.
Operativo de traslado de reclusos desde la cárcel de Jipijapa
Autoridades ejecutaron los movimientos en horario nocturno para minimizar riesgos. Mantuvieron protocolos estrictos de custodia y verificación.
No reportaron incidentes durante los traslados. Las instituciones enfatizaron cumplimiento de normas de derechos humanos.
Condiciones penitenciarias en Manabí
Manabí alberga centros de alta conflictividad. El CRS de Jipijapa albergaba miembros de grupos organizados, motivando reubicaciones estratégicas.
Ecuador enfrenta crisis carcelaria persistente. En 2025 registró al menos 82 muertes en masacres penitenciarias, incremento del 380% respecto a 2024. Desde 2021 acumulan más de 800 fallecidos en recintos.
Intervenciones militares en prisiones se intensificaron desde 2024. Incluyen traslados masivos para desarticular estructuras internas de GAO.
Este operativo forma parte de esfuerzos conjuntos para recuperar control estatal. Reduce riesgos de motines y violencia interna en instalaciones sobrecargadas, se informó. (22)
