Jessica C. A. fue procesada por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de marihuana a gran escala, luego de ser aprehendida la noche del 3 de marzo de 2026 en una vivienda de San Juan de Calderón, en el norte de Quito. La Fiscalía presentó como evidencia el decomiso de más de 35 kilos de marihuana.

Audiencia de flagrancia y formulación de cargos

La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se desarrolló durante la madrugada del 4 de marzo de 2026.

Durante la diligencia, el Fiscal de turno expuso los elementos de convicción que sustentan la imputación penal contra la procesada.

Según la investigación preliminar, la mujer fue aprehendida dentro de un inmueble ubicado en el sector San Juan de Calderón.

En el lugar, agentes policiales encontraron varios paquetes de marihuana, los cuales presuntamente estaban destinados al microtráfico.

Evidencias presentadas por Fiscalía

Entre los elementos presentados durante la audiencia se incluyó el acta de verificación y pesaje de la sustancia incautada.

De acuerdo con el informe presentado por Fiscalía, la marihuana decomisada alcanzó un peso de 35 kilos con 167 gramos.

Asimismo, se expuso el resultado de la prueba homologada de campo, que confirmó que la sustancia encontrada corresponde a marihuana.

Durante la diligencia también se incorporó la versión del agente aprehensor, quien detalló las circunstancias del operativo policial realizado en flagrancia.

Medida cautelar dictada por el juez

En relación con las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó al juez de Garantías Penales la aplicación de arresto domiciliario para la procesada.

La solicitud se fundamentó en que Jessica C. A. presentó un certificado médico que acredita su estado de gestación.

Tras analizar los elementos presentados en la audiencia, el juez dispuso la aplicación de esta medida cautelar mientras continúa el proceso judicial.

Plazo de la investigación

La instrucción fiscal en este caso tendrá una duración de 30 días, contados a partir de la formulación de cargos.

Durante ese periodo, la Fiscalía continuará recopilando evidencias y desarrollando diligencias investigativas.

El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta infracción contempla penas privativas de libertad que van de 22 a 26 años.