La Policía Nacional del Ecuador ejecutó la operación "Fénix 196 - EMULNOR" la madrugada de este 23 de abril de 2026, logrando desarticular una estructura delictiva dedicada al tráfico ilícito de explosivos, con cinco aprehendidos, allanamientos en Imbabura, Carchi, Loja y El Oro, y la incautación de material presuntamente destinado a minería ilegal.
Operativo coordinado en varias provincias
La intervención fue resultado de siete meses de investigación, bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado y con apoyo de unidades tácticas especializadas.
En el marco de la Estrategia Operacional 3D, orientada a debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales, se ejecutaron seis allanamientos simultáneos en distintas zonas del país.
Las autoridades señalaron que la organización operaba mediante una estructura logística que incluía el ingreso clandestino de explosivos desde territorio peruano.
Ruta y distribución del material
Según las investigaciones, los materiales eran trasladados hacia la provincia de El Oro, donde se almacenaban antes de su distribución.
Posteriormente, eran enviados mediante encomiendas en transporte público hacia ciudades como Loja e Ibarra.
El destino final de estos insumos eran zonas identificadas como focos de minería ilegal, entre ellas Buenos Aires (Imbabura), Chical (Carchi), Zaruma y Piñas (El Oro).
Detenidos e indicios incautados
Durante el operativo fueron aprehendidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, identificadas como:
Leydi Lucía M. M. Wellington Elider S. V. Zoraida Etelvina A. V. Jimmy Danilo P. S. Claudio Leopoldo A. M.
En los allanamientos se decomisaron 3.550 unidades de emulsión encartuchada (EMULNOR GEL), 500 detonadores eléctricos y 17 sacos de nitrato de amonio, además de 1 caneca de peróxido de hidrógeno.
También se incautaron 3.000 metros de mecha detonante, 300 dólares en efectivo y tres terminales móviles.
Impacto económico y criminal
La Policía estimó un perjuicio al Estado de aproximadamente USD 1.100.000, así como un presunto incremento patrimonial injustificado cercano a los USD 180.000.
Las autoridades consideran que la intervención afecta la estructura financiera de la organización, al interrumpir el flujo de materiales utilizados en actividades ilícitas.
El tráfico de explosivos está asociado a riesgos de seguridad en zonas donde operan economías ilegales como la minería no autorizada.
Continuidad de las investigaciones
La Policía Nacional reiteró su compromiso de combatir las economías criminales que afectan la seguridad y el patrimonio del país.
Indicó además que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados y desarticular completamente la red.
Estas acciones forman parte de las estrategias institucionales para enfrentar delitos relacionados con el contrabando de materiales peligrosos y su uso ilegal.
