Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a 40 años de prisión a siete personas por su participación en un violento ataque armado registrado el 25 de junio de 2025 en el sector de Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil.
La resolución judicial, emitida tras comprobarse la autoría de los procesados en el atentado que dejó tres personas fallecidas y dos heridas, impone la pena máxima aplicable bajo la legislación ecuatoriana debido a la gravedad de los hechos y el concurso real de infracciones.
Los ahora sentenciados fueron procesados formalmente como responsables de los delitos de asesinato, concurrente con la tenencia y porte no autorizado de armas de fuego y municiones. Conforme a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los implicados se movilizaban a bordo de dos vehículos desde los cuales ejecutaron múltiples disparos contra los ciudadanos en distintos inmuebles del populoso sector.
Prisión por ataque ocurrido el año pasado
Tras reportarse la emergencia al sistema integrado ECU 911 y analizar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia locales, la Policía Nacional desplegó un inmediato operativo de localización en la vía Perimetral.
Durante la interceptación de los sospechosos, estos abrieron fuego contra los servidores policiales, causando daños materiales a un patrullero antes de ser finalmente neutralizados y capturados. En poder de los detenidos se encontraron un fusil de asalto, cuatro pistolas de diverso calibre, municiones y los automóviles utilizados para cometer el atentado.
En la audiencia de juzgamiento, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías presentó un riguroso expediente probatorio que incluyó testimonios, peritajes y pruebas documentales. Entre los elementos de convicción constaron las declaraciones de 22 personas, entre ellas agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), uniformados aprehensores y expertos de audio y video.
Alta multa económica para los causantes de las muertes
De igual manera, se integraron informes de autopsia, partes de detención, el acta de reconocimiento del lugar y las grabaciones del ECU 911 y de la Corporación para la Seguridad Ciudadana del Municipio de Guayaquil.
Además de los 40 años de privación de la libertad, el tribunal impuso a los condenados una multa económica de 2 mil salarios básicos unificados (964 mil dólares) y ordenó el pago de una reparación de 50 mil dólares americanos a favor de los familiares de cada una de las víctimas mortales.
