La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra seis personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, en un caso relacionado con la supuesta vulneración de derechos de propiedad intelectual (falsificación). Las detenciones se ejecutaron la madrugada del 28 de mayo de 2026 durante allanamientos realizados en distintos sectores de Quito.
Los procesados son Mercedes Elena M. S., Paola Selena C. C., Bryan David I. P., Marcelo Efraín V. V., Jil Omar C. M. y Leopoldina Elizabeth C. P., quienes fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial tras un operativo liderado por la Fiscalía General del Estado.
Las intervenciones se desarrollaron en los sectores de Carcelén, Ciudadela El Ejército, Guamaní y Conocoto, donde los agentes recopilaron diversos indicios relacionados con la investigación. Entre las evidencias encontradas constan centenas de cajas con marcas comerciales, cartuchos de tinta para impresión y material almacenado en garrafones de agua.
La causa está a cargo de la Fiscalía Multicompetente de Rumiñahui, que inició la investigación el 7 de abril de 2026, luego de obtener información relacionada con una presunta estructura dedicada a la falsificación de productos comercializados en el mercado nacional.
Presunta estructura dedicada a falsificar productos
Según la investigación fiscal, existirían indicios de que los ahora procesados formarían parte de una organización presuntamente liderada por Jil Omar C. M., alias "Gordo", que estaría dedicada a la falsificación de cartuchos y botellas de tinta para dar apariencia de pertenecer a marcas reconocidas.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la estructura reutilizaría envases vacíos y los rellenaría con tintas de origen desconocido. Posteriormente, estos productos habrían sido etiquetados y empacados con distintivos falsificados para aparentar autenticidad.
Las autoridades presumen que los artículos eran comercializados en establecimientos, plataformas digitales y canales informales de venta, lo que habría afectado tanto a los titulares de los derechos de propiedad intelectual como al mercado formal.
Medidas cautelares y avance del proceso
Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso presentó varios elementos de convicción obtenidos durante la investigación. Entre ellos constan las versiones de los agentes aprehensores, informes de seguimiento y vigilancia, informes investigativos y documentación relacionada con el levantamiento de evidencias.
Tras analizar los elementos expuestos, el juez que conoció la causa dispuso prisión preventiva para Jil Omar C. M. y Mercedes Elena M. S. Asimismo, dictó medidas cautelares alternativas para los otros cuatro procesados, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de realizar presentaciones periódicas ante la autoridad competente.
La autoridad judicial fijó un plazo de 90 días para la instrucción fiscal, período durante el cual la Fiscalía continuará recopilando elementos para sustentar o descartar la responsabilidad de los investigados.
Base legal del caso
La investigación se desarrolla bajo lo establecido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de asociación ilícita. Esta infracción contempla una pena privativa de libertad de tres a cinco años para quienes participen en asociaciones conformadas con el propósito de cometer delitos.
