La Fiscalía General del Estado procesó a Verónica Priscila C. Q. y Mauricio Alejandro G. F., agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), por su presunta participación en el delito de concusión. Ambos cumplen prisión preventiva, luego de que una jueza de Garantías Penales acogiera el pedido de la Fiscalía tras su aprehensión el 13 de julio de 2026 en el norte de Quito.
Según la investigación, el caso se originó por la denuncia presentada por una familiar de un ciudadano, quien señaló que los funcionarios habrían solicitado 3.000 dólares a cambio de no trasladar el vehículo de su hermano a un patio de retención por una presunta infracción de tránsito.
La Fiscalía indicó que los procesados fueron detenidos en las avenidas Naciones Unidas y Shyris, donde se ejecutó el procedimiento que dio paso al inicio del proceso penal.
Denuncia y presunto pedido de dinero
De acuerdo con la denuncia, Verónica Priscila C. Q. se habría identificado como abogada de la AMT y manifestó que su compañero, Mauricio Alejandro G. F., debía recibir atención médica por una lesión en la boca que, presuntamente, habría sido ocasionada por el conductor durante el procedimiento.
La denunciante afirmó que la funcionaria habría planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo económico, argumentando que la lesión podría afectar la continuidad laboral de su compañero y que el monto solicitado correspondía aproximadamente al salario que este percibía como agente de tránsito.
Además, siempre según la versión presentada ante la Fiscalía, la procesada habría advertido que el agente planeaba presentar una denuncia por la supuesta agresión y que lo más conveniente era alcanzar un acuerdo entre las partes.
Evidencias y proceso judicial
La Fiscalía informó que la familia del conductor manifestó no disponer de los 3.000 dólares solicitados y ofreció 1.000 dólares. De acuerdo con la investigación, Mauricio Alejandro G. F. habría aceptado ese monto y facilitado una cuenta bancaria de un tercero para realizar la transferencia.
Entre los elementos de convicción presentados en la audiencia de calificación de flagrancia constan una grabación realizada con un teléfono celular por la denunciante y el comprobante de la transferencia bancaria, evidencias que forman parte del expediente investigativo.
La instrucción fiscal se desarrollará durante 30 días, conforme al procedimiento para delitos flagrantes. El caso se investiga por el presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Como en todo proceso penal, la responsabilidad de los procesados deberá ser determinada por la autoridad judicial competente, respetando el principio de presunción de inocencia.
