La Fiscalía General del Estado logró que un Tribunal sentencie a diez años de privación de libertad a John Paúl G. R., tras demostrar su responsabilidad en el delito de peculado, cometido mientras se desempeñaba como Operador de Servicios para Emisión de Pasaportes en el Registro Civil del Ecuador, en Zamora.

Durante la audiencia de juicio, el fiscal del caso explicó que el delito se consumó entre febrero de 2018 y febrero de 2019, periodo en el que el procesado aprovechó su cargo para cobrar directamente a los usuarios por la emisión de pasaportes.

Sin embargo, el dinero recaudado no fue ingresado al sistema oficial de cobro del Registro Civil, generando un perjuicio económico al Estado.

El informe presentado por el supervisor de Auditoría de la Contraloría General del Estado confirmó que el acusado manipuló el sistema de pago de las especies valoradas.

Manipulación del sistema y perjuicio económico

El funcionario de la Contraloría señaló ante el Tribunal que John Paúl G. R. utilizó incluso las claves de dos compañeras para emitir pasaportes mientras ellas se encontraban de vacaciones.

Según la auditoría, en el periodo investigado el Registro Civil no recaudó el valor correspondiente a 316 pasaportes emitidos, lo que ocasionó un perjuicio económico de 21.120 dólares.

Cada pasaporte ordinario tenía un costo de 70 dólares, mientras que para personas de la tercera edad y con discapacidad el valor era 50 % menor, de acuerdo con la normativa vigente en ese momento.

Pruebas y sentencia

La pericia contable practicada dentro del proceso confirmó la diferencia entre el número de pasaportes entregados y los pagos efectivamente registrados en el sistema institucional.

En la audiencia también comparecieron exfuncionarios y exdirectivos del Registro Civil. La excoordinadora técnica informó que, tras ser descubierto, el procesado reconoció haber incurrido en los actos irregulares y ofreció disculpas, pero posteriormente dejó de presentarse a trabajar.

Fiscalía presentó además el testimonio de un agente de la Interpol, quien indicó que, por disposición de un juez de Garantías Penales, se emitió una notificación roja para localizar y capturar al acusado.

El Tribunal, además de imponer la pena de diez años de prisión, ordenó el pago de una multa de 21.120 dólares y la prohibición de por vida de ejercer cargos públicos.

Marco jurídico del delito

La sentencia se fundamentó en el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con una pena privativa de libertad de diez a trece años.

Con esta resolución, el proceso penal concluye en primera instancia con una condena que incluye sanción privativa de libertad, reparación económica y restricción para el ejercicio de funciones públicas.