Un juez de Garantías Penales de Riobamba resolvió llamar a juicio a Paúl Alejandro C. Y. y Norma C. Y., procesados por el presunto delito de estafa, tras determinar que existen suficientes elementos para que el caso avance a la etapa de juzgamiento. Según la investigación de la Fiscalía, ambos habrían ofertado y vendido terrenos que no eran de su propiedad, ocasionando un perjuicio económico de 22.800 dólares a una pareja de adultos mayores.

La decisión fue adoptada durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio desarrollada este 9 de junio de 2026, en la que la Fiscalía Especializada en Patrimonio Ciudadano No. 1 presentó su dictamen acusatorio.

De acuerdo con la investigación fiscal, los procesados habrían promovido la venta de dos lotes de terreno ubicados en el sector Retama Pamba, parroquia San Luis, al sur de Riobamba.

La denuncia que originó el proceso

El caso se inició tras la denuncia presentada por una pareja de esposos que aseguró haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria.

Según la Fiscalía, Paúl Alejandro C. Y. se habría presentado ante los afectados como gerente de una empresa denominada "Compañía Inmobiliaria Carrillo Group". Junto con Norma C. Y., habría ofrecido dos terrenos por un valor total de 42.000 dólares.

Las investigaciones sostienen que los inmuebles promocionados no pertenecían a los procesados, pese a lo cual continuaron con la negociación y recibieron dinero de los compradores.

Entregas de dinero durante varios meses

La versión presentada por el Ministerio Público señala que entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 las víctimas realizaron varios pagos en efectivo.

Durante ese período habrían entregado un total de 22.800 dólares como anticipo para concretar la adquisición de los terrenos ofertados.

Sin embargo, la entrega de los terrenos nunca se materializó, situación que derivó en la denuncia y posterior apertura de la investigación penal.

Elementos presentados por Fiscalía

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso varios elementos de convicción para sustentar la acusación contra los procesados.

Entre las evidencias incorporadas constan el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, certificados de identificación, movimientos bancarios de las personas afectadas y la denuncia presentada por las víctimas.

Además, el Ministerio Público informó que uno de los procesados enfrenta otros procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de similar naturaleza.

Medidas cautelares continúan vigentes

Tras emitir el auto de llamamiento a juicio, el juez dispuso mantener las medidas cautelares que pesan sobre ambos procesados.

Estas incluyen la presentación periódica ante la autoridad competente, la prohibición de salida del país, la retención de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes hasta por un monto de 42.000 dólares.

La causa continuará en la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad o inocencia de los acusados conforme a las pruebas que sean practicadas durante el proceso.

El delito de estafa está tipificado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas privativas de libertad que van de cinco a siete años, según la legislación ecuatoriana.