La Fiscalía inició acciones penales contra un hombre identificado como Michael P., y una adolescente, acusados por su presunta participación en un caso de extorsión registrado en flagrancia en la provincia de Santo Domingo.
El evento ocurrió el 1 de febrero de 2026, cuando agentes de la Policía Nacional recibieron una alerta por parte de una víctima que habría encontrado panfletos intimidatorios en los que se exigía un pago de 300 dólares con la promesa de seguridad para su negocio.
Los implicados supuestamente indicaron en los documentos que recogerían el dinero esa misma noche. El trabajador encargado del establecimiento entregó un sobre con la suma exigida y avisó inmediatamente a las autoridades, desatando un operativo en la avenida de los Tsáchilas, a pocos metros del lugar de los hechos.
Las fuerzas del orden detuvieron a los sospechosos tras el procedimiento, encontrando en su poder un sobre con efectivo, un teléfono celular y el panfleto usado para la intimidación. La evidencia recogida permitió procesar a los detenidos en flagrancia.
Audiencia y elementos presentados por Fiscalía
Durante la audiencia de flagrancia y el proceso de formulación de cargos, el fiscal de turno exhibió varios elementos de convicción.
- Las declaraciones de los agentes que realizaron la detención.
- El testimonio de la víctima.
- El informe de reconocimiento del lugar de los hechos y de evidencias.
- El informe de inspección ocular técnica.
- Otras pruebas recabadas a lo largo del operativo.
El Juez que tomó conocimiento del caso para el adulto ordenó la prisión preventiva para Michael P., atendiendo a la solicitud fundamentada de la Fiscalía.
En el caso de la adolescente involucrada, el magistrado dispuso medidas menos restrictivas: la joven deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y tiene prohibido salir del país.
Detalles procesales y tipificación del delito
La instrucción fiscal en este proceso durará 30 días, plazo durante el cual se profundizarán las investigaciones y se recabará toda la información necesaria para determinar responsabilidades.
La figura delictiva de la extorsión está contemplada en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con una pena privativa de libertad que va de cinco a siete años.
Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar de inmediato cualquier caso de extorsión para activar los protocolos y proteger a las víctimas.
Con este operativo, la Policía y la Fiscalía buscan enviar un mensaje claro sobre la respuesta inmediata ante delitos que atenten contra la seguridad y tranquilidad de los negocios locales. (22)
