Las detenciones e investigaciones contra los alcaldes de Esmeraldas, Guayaquil, Pujilí y Jipijapa han colocado nuevamente el foco sobre los procesos judiciales que involucran a autoridades locales en Ecuador. Entre 2025 y 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron operativos relacionados con presuntos delitos de lavado de activos, delincuencia organizada, peculado y corrupción administrativa, en diferentes provincias del país.
Uno de los casos de mayor repercusión es el denominado Caso Blindaje, en el que figura Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas. El funcionario fue detenido la madrugada del 3 de junio de 2026 durante un operativo realizado en un hotel de la zona de Las Palmas. La investigación se originó tras un informe de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó un incremento patrimonial considerado inusual entre 2023 y 2024.
Según información oficial, la estructura investigada habría movilizado aproximadamente USD 17 millones de manera ilícita. La causa contempla presuntos delitos de lavado de activos y vínculos con una organización criminal.
Otro de los procesos de alto impacto involucra a Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, quien enfrenta investigaciones dentro del denominado Caso Triple A, relacionado con presunta delincuencia organizada y actividades vinculadas al almacenamiento y comercialización irregular de combustibles. Además, figura en otras investigaciones fiscales conocidas como Caso Goleada y Caso Grillete.
Investigaciones a alcaldes de Pujilí y Jipijapa
En la provincia de Cotopaxi, José Alcídes Arroyo Cabrera, alcalde de Pujilí, fue detenido el 7 de agosto de 2025 durante un operativo simultáneo ejecutado en Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. La Fiscalía lo procesa por presunto peculado relacionado con contratos de obras públicas.
De acuerdo con la investigación, existirían irregularidades en la ejecución y contratación de proyectos municipales, incluidos coliseos y cementerios. Las autoridades sostienen que los recursos públicos habrían sido utilizados mediante mecanismos presuntamente irregulares que actualmente son objeto de análisis judicial.
A estos casos se sumó la madrugada de este 25 de junio de 2026 la denominada Operación Digitador, ejecutada en los cantones Jipijapa, Bolívar y San Vicente, en Manabí. Durante el operativo se realizaron 18 allanamientos, incluidos cinco en instituciones públicas, y fueron detenidas 13 personas, entre ellas la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa.
Operación Digitador y contexto político
Según información difundida por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, la investigación comenzó en agosto de 2025 tras una denuncia presentada mediante la línea 1800 DELITO. Las autoridades sostienen que la presunta estructura estaba integrada por funcionarios de tránsito, digitadores, técnicos y tramitadores externos.
La organización investigada habría facilitado la emisión irregular de matrículas, revisiones técnicas vehiculares, licencias de conducir y traspasos de vehículos a cambio de pagos que fluctuaban entre USD 100 y USD 150 por trámite. El presunto perjuicio económico al Estado superaría los USD 5 millones, de acuerdo con datos preliminares de la investigación.
Estos procesos ocurren en un escenario político donde diversas autoridades locales mantienen o han mantenido expedientes dentro del sistema judicial ecuatoriano. Desde sectores vinculados a la Revolución Ciudadana se ha denunciado la existencia de persecución política, mientras que el Gobierno nacional sostiene que las acciones forman parte de una estrategia de combate contra la corrupción y los presuntos nexos entre estructuras criminales y funcionarios públicos.
Las investigaciones continúan en distintas etapas procesales y serán las instancias judiciales competentes las encargadas de determinar responsabilidades conforme avance cada expediente.
