La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Lenin M., Esteban M., Letty C., Iván C. y Ángel C., policías en servicio activo, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, dentro de una investigación sobre una supuesta red que habría ofertado condecoraciones y reconocimientos institucionales falsos para obtener beneficios en procesos de ascenso. El caso se conoció tras operativos realizados en Pichincha, Cotopaxi y Loja, donde fueron detenidos los ahora procesados. Medios nacionales reportaron que la causa fue instalada por asociación ilícita, delito tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal.
Medidas cautelares contra los procesados
Tras acoger el pedido de Fiscalía, una jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva para tres de los procesados y medidas alternativas para los otros dos. Además, dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas de todos los servidores policiales investigados.
La decisión judicial se adoptó durante la audiencia de formulación de cargos, en la que la fiscal del caso expuso los elementos de convicción reunidos durante la investigación. Entre ellos constan indicios documentales, equipos electrónicos y reportes derivados de diligencias autorizadas judicialmente.
Los cinco policías fueron detenidos durante un operativo liderado por la Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En total se ejecutaron seis allanamientos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Loja, donde se levantaron ocho teléfonos celulares, un dispositivo electrónico y once certificados, entre otros elementos.
Investigación inició en enero de 2026
Según Fiscalía, la investigación comenzó en enero de 2026, a partir de un parte policial que alertó sobre una presunta red de corrupción conformada por varios servidores policiales. La hipótesis investigativa señala que los involucrados habrían ofrecido condecoraciones y reconocimientos institucionales falsos.
Para concretar esa presunta oferta, los procesados habrían utilizado firmas y sellos falsificados de funcionarios y autoridades de entidades públicas. De acuerdo con la investigación, los valores cobrados por esos documentos habrían oscilado entre 100 y 200 dólares.
Estas condecoraciones supuestamente fueron incorporadas en las hojas de vida institucionales de algunos procesados. El objetivo, según la Fiscalía, habría sido obtener beneficios indebidos en procesos de ascenso dentro de la institución policial.
Técnicas especiales de investigación
Durante la etapa investigativa, Fiscalía dispuso varias diligencias y solicitó autorizaciones judiciales para aplicar técnicas especiales de investigación. Entre ellas constan seguimientos, vigilancias e intercepciones telefónicas, con el fin de identificar a los presuntos involucrados y establecer su posible participación en los hechos.
En la audiencia, la fiscal del caso presentó los elementos recabados que, según la institución, hacen presumir la participación de los cinco servidores policiales en el delito investigado. La causa continuará en etapa de instrucción fiscal, mientras se desarrollan nuevas diligencias.
La Fiscalía sostiene que los indicios apuntan a una presunta estructura dedicada a ofertar certificados o reconocimientos irregulares dentro del ámbito institucional. La información difundida por medios nacionales señala que el caso involucra a policías activos y que tres de ellos permanecen con prisión preventiva.
Delito de asociación ilícita
La asociación ilícita está tipificada en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este delito se configura cuando dos o más personas se asocian con el propósito de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad menor a cinco años.
En este caso, Fiscalía formuló cargos con base en esa figura penal, mientras avanza la investigación sobre la presunta oferta de condecoraciones falsas, el uso de documentos supuestamente adulterados y la posible incorporación de esos reconocimientos en hojas de vida institucionales.
Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, los procesados mantienen su derecho constitucional a la presunción de inocencia. La instrucción fiscal permitirá ampliar las diligencias, analizar los dispositivos incautados y determinar el alcance de la presunta red investigada.
