El 7 de marzo, la Corte Nacional de Justicia reinstalará la audiencia del caso Reconstrucción de Manabí, donde Jorge Glas y ocho exfuncionarios enfrentan acusaciones por peculado.
El 7 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reinstalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Reconstrucción de Manabí. En este caso se acusa al exvicepresidente Jorge Glas y a ocho exfuncionarios del delito de peculado por presuntas irregularidades. Esos hechos se cometieron según la Fiscalía en el manejo de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016 en Ecuador.
La audiencia clave que definirá el futuro del proceso sobre la reconstrucción de Manabí
La audiencia, que se realizará en el octavo piso de la CNJ en Quito, tiene como objetivo determinar si se declara la nulidad procesal o si se continúa con la etapa de juicio. De anularse lo actuado, el proceso volverá a fases anteriores. Si se ratifica la validez, la Fiscalía General del Estado presentará su dictamen acusatorio y los elementos probatorios.
Luego de más de dos meses de deliberación el conjuez Marco Aguirre dirige la diligencia tras reemplazar al magistrado Julio Inga, quien enfrenta una recusación. Durante la jornada del 20 de diciembre, las defensas de los procesados solicitaron declarar la nulidad del caso. El planteamiento lo hicieron argumentando errores procesales y falta de garantías.
En contraste, el fiscal subrogante Wilson Toainga sostiene que hay evidencia de un abuso de fondos públicos para beneficiar a terceros, principalmente en contratos relacionados con la emergencia.
¿Quiénes son los acusados y qué dice la Fiscalía?
En este caso están procesados: Jorge Glas: Exvicepresidente de Ecuador, actualmente detenido en la cárcel de máxima seguridad La Roca. También está procesado Walter Solís: Exministro de Obras Públicas, quien se encuentra asilado en México. Carlos Bernal: Exsecretario de Reconstrucción también es señalado en este proceso. Pablo Ortiz: Exgerente de Ecuador Estratégico y otros cinco exfuncionarios vinculados a la ejecución de obras.
Según la Fiscalía, los acusados priorizaron proyectos ajenos a la emergencia y beneficiaron a empresas cercanas, desviando hasta 367 millones de dólares recaudados por la Ley Orgánica de Solidaridad. Esta normativa, vigente desde mayo de 2016, buscaba financiar la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas tras el sismo del 16 de abril de 2016.
La defensa alega persecución política y violaciones al debido proceso
La defensa de Jorge Glas, encabezada por Andrés Villegas, ha solicitado que se declare la nulidad procesal, argumentando irregularidades en los informes periciales y violaciones a los plazos legales. Además, pidió el traslado de Glas a un hospital psiquiátrico, citando problemas de salud mental relacionados con intentos de suicidio.
Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la Procuraduría General del Estado apoyan la validez del proceso. Estas entidades exigen avanzar hacia la fase de juicio pues impulsan la causa argumentando corrupción de Glas y los otros acusados.
El origen del caso Reconstrucción de Manabí
El Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva se creó el 26 de abril de 2016, bajo el Decreto Ejecutivo 1004, para gestionar los recursos destinados a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.
En 2019, el Cpccs presentó denuncias por presuntas irregularidades, reforzadas por un informe de la Contraloría que detectó indicios de responsabilidad penal en varios contratos. Entre las obras citadas están el Parque Las Vegas en Portoviejo y el Acceso al Puerto de Manta.
En enero de 2024, la Fiscalía formuló cargos por peculado contra Glas, Bernal y Ortiz, y el juez dictó prisión preventiva para ellos, además de ordenar el congelamiento de cuentas y la prohibición de enajenar bienes.
La Comisión Anticorrupción exige justicia sobre Reconstrucción de Manabí
El capítulo Manabí de la Comisión Nacional Anticorrupción, en versión de uno de sus integrantes espera que el juez siga la causa y castigue lo que califica como uno de los mayores actos de corrupción de Ecuador.
Julio Villacreses, miembro de la comisión asegura que no se puede dar un escenario de impunidad. «El delito de peculado no prescribe y los manabitas debemos estar alerta«, advirtió Villacreses. También instó a los candidatos presidenciales a comprometerse con la lucha contra la corrupción y tomar posición frente a este caso.
«No podemos permitir que el atraco a los fondos de la reconstrucción quede impune», afirmó, señalando también otras irregularidades como las relacionadas con la Refinería del Pacífico y la delegación del puerto de Manta.
Hay indicios claros de responsabilidad penal, que si la Corte Nacional de Justicia decide declarar la nulidad del proceso, sería un mal precedente. Es hora de unirnos en la provincia de Manabí para exigir justicia y evitar que el atraco de la reconstrucción y otras obras emblemáticas de la provincia queden impune, dijo Julio Villacreses.
