Este miércoles, 13 de mayo, se instalarán oficialmente las mesas técnicas de trabajo entre delegados del Municipio de Quito y representantes de un sector del transporte convencional. El inicio de estos diálogos ocurre tras la paralización de operaciones registrada el pasado martes, cuando el gremio suspendió el servicio entre las 06:00 y las 08:00, complicando la movilidad de miles de ciudadanos. La medida de presión, impulsada por un grupo que reúne a unos 3.000 buses de 64 operadoras, se levantó tras acordarse la apertura de conversaciones sobre la situación financiera del sector.
El contexto de la reunión es complejo, pues coincide con el incremento programado en el precio de los combustibles y el fin de la compensación estatal. El dirigente del transporte, Jorge Yánez, explicó que la última transferencia económica entregada por el Gobierno Nacional al sector intracantonal se ejecutó el 23 de abril y cubrió el periodo hasta este lunes 11 de mayo. El gremio de transportistas de Quito se ampara en el Decreto Ejecutivo 378, emitido el pasado 8 de mayo, el cual faculta al Comité de Optimización Energética a evaluar una prórroga de este beneficio por un máximo de cuatro meses adicionales.
Fases del modelo de gestión propuesto
Los transportistas acudirán al cabildo con ocho delegados técnicos para presentar un nuevo modelo de gestión estructurado en tres fases. La primera exige la continuidad de las compensaciones por unidad de forma inmediata, una vez que el Ejecutivo deje de subsidiar el incremento del diésel. La segunda contempla una revisión tarifaria que incorpore una tarifa técnica y socialmente justa, apoyada en un sistema integrado de recaudo que permita aplicar subsidios cruzados para mitigar el impacto en los usuarios.
La tercera fase apunta a un cambio estructural en el nivel del servicio para eliminar de forma definitiva la denominada "guerra del centavo". Yánez insistió en que el gremio llevará estudios y argumentos netamente técnicos a la mesa de trabajo, subrayando que la intención de las operadoras privadas no es politizar el conflicto, sino encontrar un equilibrio financiero ante el constante aumento de sus costos operativos diarios.
Postura firme desde la Alcaldía
Por su parte, el alcalde de Quito Pabel Muñoz sentó una postura inflexible respecto a las pretensiones económicas del gremio. Durante su espacio radial de los lunes, el burgomaestre advirtió que la administración municipal no tolerará chantajes, extorsiones ni boicots contra la ciudad. Aunque reconoció que los transportistas enfrentan un alza real en sus costos debido al combustible, enfatizó que cualquier decisión debe basarse en la capacidad de pago real de la ciudadanía y no en presiones unilaterales.
Muñoz fue categórico al rechazar las propuestas extremas del gremio: "En su momento han puesto tarifas de $ 0,65 o $ 0,70, pero ni loco", afirmó. Actualmente, el pasaje se mantiene en $ 0,35 para el Trolebús y la Ecovía, y en $ 0,45 para el Metro de Quito. El alcalde reiteró que el principal reclamo ciudadano es el maltrato y la ineficiencia del servicio actual, por lo que, si bien escucharán a los transportistas este miércoles, un incremento que duplique el valor de la tarifa está completamente descartado si no existe una transformación integral en la calidad de la atención.
