El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, con 81 votos, la fiscalización del presunto uso de videovigilancia del Municipio de Quito, el martes 30 de junio de 2026, tras una moción impulsada por la legisladora Inés Alarcón, con el fin de investigar posibles irregularidades en la administración de cámaras y su impacto en la seguridad ciudadana.
La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional tendrá 90 días para elaborar un informe sobre el uso de la videovigilancia Quito y su gestión institucional. Además, podrá solicitar documentos oficiales, informes técnicos y convocar a autoridades.
Asimismo, el Pleno autorizó que la comisión investigue posibles vínculos con exfuncionarios de la extinta Senain. La resolución incluye el análisis de la gestión de sistemas tecnológicos en el Municipio de Quito cámaras, bajo parámetros de seguridad pública.
En este contexto, la legisladora Inés Alarcón sostuvo que la fiscalización busca esclarecer hechos relacionados con redes de control y operación tecnológica. También afirmó que la investigación revisará posibles impactos en la seguridad ciudadana.
Denuncias sobre sistemas de videovigilancia
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que existiría un presunto uso irregular de sistemas de videovigilancia Quito en ciudades del país. Señaló que algunas cámaras habrían sido redirigidas. "no estaban orientadas a combatir a las bandas criminales ni a prevenir delitos, sino que habrían sido redirigidas ilegalmente para operar como ‘salas espejo’", citó el funcionario durante su intervención pública.
Además, Reimberg vinculó estos hechos con estructuras delictivas organizadas. Según su versión, estos sistemas podrían haberse usado para vigilancia no autorizada en espacios urbanos. En el caso de Quito, Alarcón señaló que existirían exintegrantes de la Senain en áreas vinculadas a seguridad tecnológica. Mencionó nombres de funcionarios en cargos municipales relacionados con monitoreo y control.
Posturas políticas en la Asamblea
El asambleísta Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana, cuestionó la investigación sobre videovigilancia Quito. Indicó que las 632 cámaras municipales están bajo control del ECU 911. "las 632 cámaras municipales están bajo el acceso y control total del sistema de seguridad nacional del ECU 911", afirmó el legislador durante el debate en el Pleno.
Además, sostuvo que no existirían pruebas sobre una red paralela ni sistemas no autorizados. Según su postura, la fiscalización debería enfocarse en el sistema nacional de control.
La resolución final establece que la Comisión de Seguridad Integral podrá convocar a autoridades y expertos. También deberá presentar un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones en el plazo de noventa días, sobre el uso de la videovigilancia Quito y la gestión del Municipio de Quito cámaras.
