La madrugada del 7 de agosto de 2025, agentes de la Policía y la Fiscalía detuvieron a José Alcides Arroyo, alcalde del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. El arresto forma parte de la Operación Ornato Municipal, una investigación por presunto peculado.

La Fiscalía General del Estado indaga la adjudicación irregular de obras durante la gestión de Arroyo. La audiencia de formulación de cargos se instaló la noche de la misma fecha, aunque la resolución aún no se hace pública.

Junto a Arroyo, 17 personas más fueron aprehendidas. También se realizaron 20 allanamientos en viviendas de funcionarios municipales, la residencia del alcalde y su despacho. La investigación contra Arroyo comenzó hace 11 meses, tras denuncias del entonces vicealcalde y otros funcionarios.

Después, la Contraloría General del Estado ordenó un examen de auditoría. La acusación principal señala que el alcalde supuestamente abrió procesos de contratación para obras que ya se habían entregado a la comunidad de Pujilí. Estas obras se habían construido previamente con donaciones.

¿Quién es José Arroyo?

José Arroyo, de 44 años, es diseñador y político. Es la primera persona abiertamente LGBTI elegida como alcalde en Ecuador. Ganó las elecciones seccionales de 2023 con un impresionante 63,7 % de los votos. Este resultado lo convirtió en el segundo alcalde más votado en aquellos comicios. Llegó al cargo en una alianza política entre el movimiento Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Socialista.

Arroyo se promocionó durante su campaña por “hacer obras” a través de donaciones. Estas donaciones provenían de entidades internacionales y donantes anónimos. Las obras incluyeron la colocación de adoquines, palmeras y otras plantas ornamentales en la ciudad.

Durante el allanamiento a su domicilio, un oficial notó que en su cédula de identidad constaba el género femenino. Al preguntarle cómo prefería ser tratado, Arroyo respondió que como mujer.

Detalles de los contratos investigados

La Fiscalía investiga al menos dos contratos con irregularidades. Uno de ellos, del año 2024, es por 54.000 para la compra de palmeras. Otro contrato, de abril de 2024, asciende a 151.000 para la colocación de adoquines.

La acusación sostiene que estos adoquines ya habían sido donados y colocados en 2023. Estas acciones forman parte del patrón de presunto peculado que la Fiscalía investiga en la gestión de Arroyo.